El fallo reconoció la inocencia plena de Cesia Noemí Guillén Miguel, César Geovany Bernárdez Herrera, Luis Fernando Calderón, Cindy Margarita Barbareño Fernández y Gilma Hidel Bernárdez Elis, quienes habían sido acusados de desplazamiento forzado y usurpación agravada.
El tribunal también se declaró incompetente para continuar conociendo procesos relacionados con títulos ancestrales, señalando que corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA) resolver este tipo de disputas. Tal como explicó la abogada Kenia Oliva, representante legal de OFRANEH, la decisión se apoya en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los conflictos territoriales de pueblos indígenas y afrodescendientes no deben dirimirse en la vía penal como lo informó Criterio.hn, el 19 de agosto de 2025.
La solidaridad internacional en el centro
Este resultado se produce pocos días después de nuestra Internacional de Solidaridad con el Pueblo Garífuna, en la que más de 11 organizaciones de derechos humanos de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa recorrimos comunidades garífunas, escuchamos testimonios sobre violencia, racismo y despojo, y presentamos un pliego de demandas ante el Fiscal General de Honduras.
Durante la visita, la delegación denunció públicamente las irregularidades, así como las prácticas racistas y corruptas en el proceso judicial en Trujillo, reforzando la exigencia de poner fin a la criminalización sistemática contra quienes defienden el territorio garífuna.
Un paso adelante, con vigilancia
Si bien esta decisión representa un avance contra la criminalización, los acusadores privados aún pueden apelar ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba. Por ello, será fundamental mantener la vigilancia y la presión nacional e internacional.
La resiliencia del pueblo garífuna y la solidaridad transnacional han logrado este paso hacia la justicia. Desde la Red-DESC reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades garífunas en su legítima defensa del territorio, la cultura y la vida.
