Implementación de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El cinco de septiembre, varias organizaciones miembro del Grupo de Tratajo de Litigio Estratégico de la Red-DESC (GTLE) como Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (México), Due PRocess of Law Foundation (DPLF) (regional), FUNDAR- Centro de Análisis e Investigación (México), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (regional), FIAN (internacional), Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA) (regional), y Habitat International Coalition-LA (regional), se reunieron en Ciudad de México para discutir ideas para mejorar los niveles de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Basados en su experiencia directa de litigio frente al Sistema Interamericano, las organizaciones identificaron puntos prioritarios de análisis, como el sistema actual de clasificación de niveles de cumplimiento, la eficacia de las reuniones de trabajo realizadas por la Comisión, el rol de la nueva relatoría DESCA en ese tema y recomendaciones de la Comisión a los Estados con respecto a la incorporación de dictámenes y acuerdos en el sistema legal doméstico.

La reunión en México es la más reciente de una serie de reuniones que empezaron en enero de 2017 entre miembros del GTLE y reflejan la prioridad que da el Grupo a cuestiones de implementación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una decisión tomada durante la Reunión Global de Estrategia de la Red-DESC realizada en Buenos Aires en 2016. Desde enero, estas organizaciones han trabajado en un documento que servirá de base para futuras conversaciones con la Comisión acerca de sus prácticas en materia de cumplimiento.

Ese proyecto es especialmente relevante cuando se reconoce que la mayoría de las recomendaciones de la Comisión no son llevadas a la Corte Interamericana y necesitan de un mecanismo de cumplimiento efectivo. Como dato ilustrativo, hasta 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recibido aproximadamente 14.000 peticiones, de las que los Estados habían cumplido totalmente un 12,5% y parcialmente con un 69,5% de los casos.[1]