La explotación económica de los prisioneros en Egipto

Fecha de Publicación:

Martes, 9 Octubre 2018

El Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) publicó un informe sobre la creciente comercialización de la vida penitenciaria. El informe “For Sale in the Prison Canteen “Aqrab” Prison” (Para la venta en la cantina de la prisión Aqrab) muestra cómo las necesidades más básicas de los presos, que por ley deberían ser provistas por las autoridades penitenciarias, son vendidas a precios exorbitantes en aras de las ganancias de las cantinas en las cárceles.

El informe se centra principalmente en una prisión de Egipto, la prisión "Aqrab" (escorpión, en árabe), que es una cárcel de máxima seguridad conocida por sus abusos y violaciones de los derechos humanos. Según el EIPR, el enfoque sobre la prisión de Aqrab tiene como objetivo destacar las tendencias del sistema penitenciario egipcio, y al mismo tiempo poner de relieve la explotación económica sufrida por los prisioneros en Aqrab.

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El informe está estructurado en tres capítulos. El primero establece que las políticas económicas de Egipto están influenciadas por un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cómo esto ha afectado económicamente a la vida carcelaria. Este capítulo traza la historia local y mundial de la austeridad carcelaria, y cómo la inflación aguda causada por el préstamo del FMI repercute en los reclusos y sus familias, situándola en el contexto histórico de las medidas de austeridad. El segundo capítulo se centra en las tendencias generales de los abusos dentro de la prisión. El tercer y último capítulo afirma que la explotación económica que tiene lugar en la prisión es otro de los abusos que sufren los reclusos y que es perpetrada por las autoridades penitenciarias. El EIPR considera que estas tendencias representan una forma deliberada de incitación a la pobreza por parte del Ministerio del Interior contra la población penitenciaria de Aqrab.

Como conclusión, el informe presenta varias recomendaciones, entre ellas:

El Ministerio del Interior deberá asegurar que las instalaciones penitenciarias apliquen su reglamento, que establece rigurosamente el contenido y las proporciones de las comidas a las que los reclusos tienen derecho de forma gratuita, a fin de garantizar una alimentación sana, un suministro de agua potable y unas condiciones de vida adecuadas para los reclusos;
La administración penitenciaria deberá proporcionar a todos los reclusos un surtido mínimo de ropa de cama, ropa y productos de higiene personal, de conformidad con lo dispuesto por la ley;
El Ministerio del Interior deberá enmendar el Decreto 468/2017 para estipular que los precios de los artículos vendidos en la cantina y/o cafetería de la prisión, a la que los reclusos pueden recurrir a fin de complementar los alimentos suministrados por la prisión, no deben exceder de manera abusiva y explotadora los precios de mercado, y para exigir que el Ministerio divulgue mensualmente esos precios en su sitio web, previa solicitud y en todas las visitas de inspección por parte de la fiscalía y el Consejo Nacional de Derechos Humanos;
El Parlamento deberá enmendar las leyes de organización penitenciaria para estipular que las administraciones penitenciarias no pueden prohibir a los familiares de los presos que lleven alimentos, ropa o artículos médicos que puedan estar disponibles para la venta en la cantina durante las visitas, y para establecer qué es lo que se puede o no se puede permitir llevar durante las visitas;
El fiscal deberá cumplir con su función de inspeccionar las cárceles al menos una vez al mes e investigar a fondo y con rigor sus conclusiones e informar al público en general sobre las mismas;
El Parlamento deberá aprobar una enmienda a la Ley 94 de 2003 que regula el Consejo Nacional de Derechos Humanos, para permitir al Consejo realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención, intervenir en juicios y presentar denuncias ante la fiscalía pública.