Considerando la justicia climática y los derechos ambientales
El Proyecto de la Red-DESC sobre Medio Ambiente y DESC Respuesta a la crisis de COVID-19
Tras la crisis del COVID-19 y la respuesta a ella, los miembros han destacado cuestiones fundamentales de preocupación en el marco de la justicia climática, los derechos ambientales y los derechos humanos, así como la oportunidad para reflexionar sobre qué significa esta crisis en términos de avanzar una agenda sobre el clima transformadora y basada en los derechos.
Los miembros afirmaron que varios países usan la crisis para debilitar las protecciones ambientales y su aplicación, y para aprobar o facilitar proyectos con combustibles fósiles u otros destructivos para el medio ambiente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la autoridad Environmental Protection Agency suspendió la aplicación de las leyes ambientales durante la crisis del COVID-19. En respuesta a ello, Amnesty International llamó a los EE.UU. a revocar inmediatamente la suspensión de esas protecciones ambientales. Mientras tanto, en Colombia el gobierno ha emitido decretos presidenciales que ordenan la suspensión de todas las consultas en persona, moviéndolas en su lugar a plataformas virtuales, un hecho que recorta los derechos a la participación ciudadana, entre ellos el derecho a la consulta previa, libre e informada, y esto tiene ramificaciones considerables para los derechos humanos y ambientales. Comité Ambiental en Defensa de la Vida está cuestionando esta situación. En India, el gobierno autorizó varios proyectos de infraestructura y desarrollo, y propuso modificaciones para diluir el proceso de evaluación del impacto ambiental. En otros casos relacionados, también parece que los grupos de presión empresariales, particularmente del sector del petróleo y el gas, están invocando la crisis para exigir apoyo financiero y desregulaciones, incluyendo sobre temas del clima (por ejemplo, posponer aumentos planeados para el impuesto federal al carbono), incluyendo en los EE.UU., Canadá y Australia.
Además, los miembros informan que en el marco de la crisis ha aumentado la represión de protestas y la persecución de los defensores de los derechos humanos ambientales, quienes se encuentran confinados y son un objetivo más fácil. Por ejemplo, como señala la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), en Colombia tres líderes sociales fueron asesinados en una semana después de que se introdujeron las medidas de cuarentena. Franciscans International (FI) describió la violenta recesión policial de una protesta pacífica contra la minería por parte de una comunidad afectada de Didipio, Filipinas, en medio de un intenso confinamiento de la comunidad. FI también informó que en Brasil la minería ha sido declarada actividad esencial, lo que permite que la Amazonia y los territorios indígenas se sigan reduciendo, mientras que se vuelven imposibles las protestas de las comunidades.
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Considerando la justicia climática y los derechos ambientales en la respuesta al COVID-19