Declaración de demandas de los miembros de la Red-DESC al IMF Reuniones de Primavera 2021

Fecha de Publicación: 
Martes, 30 Marzo 2021

El mundo se enfrenta actualmente a uno de sus retos más abrumadores: una pandemia que ha intensificado las crisis sociales, políticas, económicas y medioambientales en casi todos los contextos, aumentando la desigualdad, facilitando la inacción continuada ante el cambio climático y poniendo en peligro los derechos humanos en todo el mundo. La pandemia de Covid-19 ha puesto especialmente de manifiesto y ha agravado fallas de larga data de nuestros sistemas sanitarios, sociales y económicos, lo que exige un profundo replanteamiento de las prácticas y condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a menudo han contribuido a estas deficiencias.

El FMI ha impuesto sistemáticamente reformas políticas neoliberales en medio de crisis de la deuda arraigadas en las desigualdades globales y los legados coloniales. Estas reformas estructurales han debilitado los derechos laborales y las protecciones sociales, han conducido a la privatización y mercantilización de las necesidades básicas, han socavado la soberanía alimentaria, han promovido una fiscalidad regresiva y han impuesto la austeridad a la mayoría. Esto, a su vez, ha provocado el empobrecimiento, la desposesión y el aumento de las desigualdades, especialmente para las mujeres –que se enfrentan a una carga desproporcionada del trabajo de cuidado—[cf1] y para muchas comunidades fuertemente representadas en sectores laborales informales y precarios.

En Ecuador, el FMI impuso drásticas medidas de austeridad[1] como condiciones para el rescate. Vinculado a un crédito de 4.200 millones de dólares, el FMI y el gobierno de Ecuador introdujeron severos recortes presupuestarios, reducciones salariales y ventas a cambio de los fondos de rescate al gobierno. Conforme la pobreza y el desempleo asolaban el país, la propagación de la pandemia de Covid-19 agravó aún más la situación matando a miles de personas y acabando con los medios de subsistencia de millones de familias. Los trágicos resultados del Covid-19 son consecuencia directa de las reformas de austeridad vinculadas al préstamo del FMI. Por ejemplo, el rescate del FMI supuso el despido de 3.680 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública.

En el caso del Líbano, el FMI aplicó medidas de austeridad, incluida la consolidación fiscal, que infligieron más daños que mejoras, especialmente entre las personas más vulnerables. Según un estudio realizado por Oxfam, el 10% de la población posee alrededor del 70,6% de la riqueza del país[2]. Por lo tanto, cualquier aplicación de este tipo de medidas no hará más que aumentar la ya enorme brecha. Este método de “rescate” pasa por alto la prosperidad a largo plazo, la igualdad de género y aumenta la pobreza general, así como el costo de la vida[3]. Esto conducirá no solo al mayor deterioro de los derechos humanos que el país haya presenciado hasta ahora, sino también a la incapacidad de adquirir necesidades humanas básicas como la alimentación y la vivienda.

Ante la pandemia, los miembros de la Red-DESC elaboraron colectivamente un Llamado a la Acción Global que articula una serie de demandas para un proceso de recuperación justo, equitativo y sostenible que se centre en los derechos humanos y en transformar las estructuras, políticas e instituciones económicas y sociales injustas, incluso mediante la cancelación de la deuda y políticas fiscales progresivas coordinadas a nivel mundial. Varios miembros también firmaron una carta pública dirigida al FMI en la que rechazaban cualquier propuesta que promueva la austeridad tras la pandemia y aconsejaban al FMI que, en su lugar, abogue por políticas que promuevan la justicia de género, reduzcan la desigualdad y den prioridad a las personas y al planeta.

Como organizaciones de derechos humanos de todas las regiones del mundo[4], que representamos y mantenemos alianzas con las comunidades afectadas por las crisis interconectadas detalladas anteriormente a las cuales oponen su resistencia, hacemos un llamado al FMI a:

Cancelar y reestructurar la deuda de los países de ingresos bajos y medios

  • Dejar de promover la consolidación fiscal, en particular la imposición de recortes de gasto, para los países que ya sufren de niveles de gasto agudamente bajos. Un reciente estudio de Oxfam muestra que el 84% de los préstamos Covid-19 del FMI impulsan una austeridad que podría afectar a la inversión en salud y protección social (OXFAM, 2020)[5]. Por lo general, esto se impone a los países más pobres, mientras que a los países más ricos se les permite sortear la crisis mediante la expansión significativa de su política monetaria y fiscal.
  • Cancelar los 3.770 millones de dólares (o 10 millones de dólares al día) de la deuda contraída con el FMI este año por 73 de los países más pobres del mundo, de los cuales la gran mayoría gasta más en el pago de la deuda que en atención sanitaria. Esta cantidad supondrá un alivio importante para los países endeudados, pero es relativamente pequeña en la escala de operaciones del FMI. En aras de la perspectiva, el FMI ha prometido 160.000 millones de dólares en fondos de emergencia dedicados a la asistencia sanitaria y la protección social.
  • Adoptar el paquete integral de alivio de la deuda propuesto por la UNCTAD.[6] [cf2]
  • Abogar por que todos los gobiernos incluyan Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) en todos sus contratos de bonos, con el fin de ayudar a los países a aliviar la carga de la deuda en tiempos difíciles. Los investigadores del FMI han animado a los países a incluir las CAC en sus contratos de bonos. Estas cláusulas permiten que una supermayoría de tenedores de bonos acuerde una reestructuración de la deuda que sea legalmente vinculante para todos, incluidos los que voten en contra de la reestructuración. Esto podría permitir a los países detener los reembolsos de la deuda en casos de crisis económica y catástrofes. Las instituciones financieras internacionales deben permitir a los países solicitar –de forma unilateral o colectiva— la suspensión del pago de la deuda, si necesitan un espacio fiscal para financiar los planes de recuperación de la pandemia.

Dar prioridad a los derechos humanos y a la protección social en los planes y programas

  • Garantizar que toda la financiación, las salvaguardias y las directrices proporcionadas a los países den primacía a las obligaciones en materia de derechos humanos y a la protección del medio ambiente, y promuevan una transición justa y equitativa hacia una economía regenerativa de cero emisiones de carbono centrada [cf3] en los cuidados.
  • Aplicar políticas económicas anticíclicas que vayan más allá del único propósito de reducción de la deuda y consolidación fiscal, y que en cambio se centren en la redistribución y el establecimiento de un sistema de protección social fundamental.
  • Poner en marcha mecanismos para trabajar con la sociedad civil y otras partes interesadas no gubernamentales nacionales que proporcionan atención sanitaria y servicios sociales, especialmente en contextos en los que el conflicto y los gobiernos represivos han atacado directamente y/o socavado los recursos comunitarios para salvaguardar la seguridad de los medios de vida y la salud pública.
  • Reevaluar la eficacia de los créditos para garantizar que salvaguarden los derechos de las comunidades y su entorno, y protejan el espacio cívico.
  • Incorporar medidas de protección social más fuertes en las “acciones previas” de los programas del FMI. A pesar de incluir más menciones al crecimiento inclusivo y a la protección social en sus programas, el FMI sigue exigiendo amplias medidas de austeridad como “acciones previas” que deben aplicarse antes de que la Junta pueda aprobar sus programas, mientras que el gasto en protección social se trata como un “punto de referencia estructural” que es significativamente menos vinculante.
  • Supervisar de cerca los proyectos del sector privado y público para garantizar el respeto de los derechos humanos y las normas laborales y medioambientales, y dejar claro que no se tolerarán las represalias o la discriminación por la libertad de reunión, asociación u opiniones políticas.
  • La participación de empresas comerciales en los proyectos del FMI a través de Asociaciones Público-Privadas debe evaluarse a nivel sistémico más allá de los proyectos específicos en cuestión para incluir las actividades globales y garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos.
  • El FMI deberá desarrollar un proceso mejorado de diligencia debida para las empresas privadas que se relacionen con el gobierno, a fin de garantizar que no contribuyan a perpetuar situaciones de conflicto, incluidas las situaciones de ocupación.

Evitar políticas que profundicen el empobrecimiento y la desigualdad

  • Abstenerse de ejercer presión sobre los países de ingresos bajos y medios para que deprecien sus monedas. A medida que aumentan las presiones sobre las monedas locales frente al dólar, es necesario que los países de ingresos bajos y medios gestionen sus tipos de cambio para salvar el nivel de vida de la mayoría de su población. La devaluación es el motor del aumento de la pobreza y el hambre. Además, forja más desigualdades entre la minoría globalizada que tiene dólares y la mayoría de los que no tienen. En lugar de imponer la devaluación como acción previa, un paquete de alivio de la deuda reduciría las presiones sobre los tipos de cambio.
  • Las medidas adoptadas por el FMI deberían ponerse en práctica para que la carga de la austeridad recaiga sobre los ricos, en lugar de afectar negativamente a quienes ya viven en la pobreza. En concreto, las medidas fiscales deberían ser progresivas, en lugar de aplicarse de formas que agraven la desigualdad. Asimismo, cualquier recorte de los subsidios debería ir acompañado de un amplio plan de reformas que garantice un nivel de vida adecuado.
  • Legitimar los controles de capital y reevaluar las políticas en virtud del Artículo IV. En el Líbano, por ejemplo, esto debería incluir la revocación de la imposición de importantes requisitos de reservas extranjeras y aumentos de los tipos de interés, acompañados de un control de auditoría legal del BDL, así como la aplicación de medidas de control de capital en el resto de los bancos comerciales.

Modelar estructuras de gobernanza y compromiso democráticas y receptivas

  • Modelar y apoyar la gobernanza, la transparencia y la participación democrática, incluyendo un compromiso más efectivo con las comunidades impactadas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) asociadas, incluyendo la participación en el diálogo sistemático entre las partes de los programas apoyados por el FMI.
  • En los Estados en los que se ha producido una toma de poder reciente y por la fuerza, como Myanmar o Malí, detener inmediatamente las obligaciones de préstamo, suspender los desembolsos, las subvenciones y los créditos pendientes en todas las operaciones soberanas y no soberanas, hasta la confirmación concluyente de que no legitiman el gobierno militar.

[1] IMF austerity is strangling Ecuador – again. (“La austeridad del FMI está estrangulando nuevamente a Ecuador).

[2] The IMF and Lebanon: The Long Road Ahead. (“El IMF y el Líbano: un largo camino por delante).

[3] An IMF bailout for Lebanon can make things worse. (“Un rescate del FMI para el Líbano puede empeorar las cosas).

[4] La Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) conecta a más de 280 ONG, movimientos sociales y activistas en más de 75 países para construir un movimiento global que haga de los derechos humanos y la justicia social una realidad universal. Esta declaración fue desarrollada a partir de conversaciones del Grupo de Trabajo de Política Económica de la Red-DESC, con nuestro sincero agradecimiento a los siguientes miembros que lideraron en su redacción, entre ellos: Phenix Center, Arab NGO Network for Development, ALTSEAN-Burma, Egypt Initiative for Personal Rights, Al Haq, International Women’s Rights Action Watch -Asia Pacific, Osama Diab, un miembro individual y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

[5] https://www.oxfam.org/es/node/14524

[6] “Ante el inminente tsunami financiero de este año, la UNCTAD propone una estrategia de cuatro puntos que podría comenzar a traducir expresiones de solidaridad internacional en acciones concretas:

1. Primero, inyectar un billón de dólares de liquidez a aquellos países que se han quedado atrás mediante la reasignación de derechos especiales de retiros existentes del Fondo Monetario Internacional y añadir una nueva partida que deberá ser considerablemente mayor a la que se implementó en 2009 para responder a la crisis financiera mundial.

2. En segundo lugar, suspender inmediatamente los pagos de las deudas nacionales de los países más afectados y condonarles una porción significativa de esos compromisos. Un punto de referencia de esta medida podría ser la condonación de la deuda alemana después de la Segunda Guerra Mundial, que canceló la mitad de su compromiso pendiente. Bajo esta medida, este año debería cancelarse un billón de dólares, con la supervisión de un organismo creado de forma independiente.

3. En tercer lugar, diseñar un Plan Marshall para una recuperación saludable financiado con parte de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), que los países desarrollados han prometido desde hace tiempo pero no han entregado. La UNCTAD estima que otros 500.000 millones de dólares –una cuarta parte de la AOD que no se ha pagado en la última década—deberían destinarse en gran parte en forma de subvenciones a servicios de salud de emergencia y a programas sociales de asistencia relacionados.