Grupos de la sociedad civil presentan informe sobre efectos de la COVID-19 al Relator especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad

En abril de 2022, las organizaciones Disability Rights Initiative of the Human Rights Law Network, Vidhi Centre for Legal Policy, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Association pour la Réintégration Sociale des Aveugles et Malvoyants du Burundi presentaron un informe ante el Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en el que se documenta una serie de violaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. El informe, coordinado por Disability Rights Initiative of HRLN y la Red-DESC, solicita al Relator que proporcione una mayor orientación técnica sobre cómo reaccionar y exige reparaciones de parte de los Estados miembro de la ONU.

La investigación se basa en intercambios escritos y digitales que tuvieron lugar desde mediados de 2021 con organizaciones de personas con discapacidad (OPD) de Argentina, Bangladesh, Burundi, Colombia, Dominica, Ecuador, Haití, India, Nepal, Pakistán, Perú, Sri Lanka, San Cristóbal y Nives, Tanzania, Timor Leste, Trinidad y Tobago, Uganda, Venezuela y Vietnam. A su vez, se llevaron a cabo investigaciones complementarias para proporcionar otras referencias para los tipos de temas relacionados con los derechos humanos planteados por las OPD.

La presentación se refiere a cuatro áreas de preocupación:

1. los esfuerzos inadecuados por priorizar el acceso y asegurar la accesibilidad durante la distribución de vacunas para personas con discapacidad que puedan enfrentar mayores riesgos de padecer consecuencias más graves de la COVID-19;
2. la omisión de apoyar en forma adecuada a las personas con discapacidad que pueden enfrentarse en forma desproporcionada a graves perjuicios indirectos de la pandemia, incluso los relacionados con los confinamientos y otros efectos socio-económicos, como aquellos referidos a la pérdida de medios de subsistencia, inseguridad habitacional y medidas de protección social inaccesibles;
3. la inaccesibilidad de ciertos servicios públicos debido a circunstancias relacionadas con la pandemia, como el suministro de información de salud pública o métodos de educación remota/en línea;
4. la ausencia de datos desglosados necesarios para mapear con precisión los efectos de la pandemia sobre las personas con discapacidad y para informar políticas que cumplan de manera adecuada con las obligaciones relacionadas con los derechos humanos.

La presentación señala que la pandemia ha destacado y exacerbado problemas preexistentes de discriminación estructural que enfrentan las personas con discapacidad de todo el mundo. Como lo ha afirmado previamente el Relator^[1], muchas respuestas a la pandemia han debilitado el paradigma centrado en los derechos humanos de la discapacidad. Dos años después del inicio de la pandemia, el informe busca contribuir con la rendición de cuentas, las reparaciones, la prevención y la no repetición de violaciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad en las crisis actuales y futuras de la salud pública.