Mayor atención a la crisis climática en los tribunales internacionales
La urgencia de la crisis climática está llegando a los tribunales de todo el mundo, incluidos los tribunales internacionales, y los miembros de la Red-DESC están profundamente comprometidos.
Hay litigios sobre el clima pendientes o previstos en los tres sistemas regionales de derechos humanos, además de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En cada uno de estos frentes, distintos miembros han tomado la iniciativa: desde intervenciones de terceros en casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pasando por la elaboración de un escrito para informar sobre la próxima opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), hasta la formulación de una solicitud de opinión consultiva a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACtHPR), o la incidencia ante las Naciones Unidas (ONU) por la adopción de la resolución por la que se solicita una opinión consultiva de la CIJ.
Un colectivo de miembros de América Latina y más allá (a través de los Grupos de Trabajo de Litigio Estratégico y Medio Ambiente y DESC de la Red-DESC) están trabajando en una presentación para apoyar la solicitud de opinión consultiva de Chile y Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La solicitud de estos dos países se centra en varios aspectos de “la emergencia climática y los derechos humanos” y hace hincapié en la necesidad de contar con normas regionales para acelerar la acción para hacer frente al cambio climático. Busca identificar y concretar qué obligaciones, si las hay, tienen los Estados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos para hacer frente a la emergencia climática. La petición es única en cuanto a su gran amplitud y clasifica las preguntas en seis grandes temas que resumimos aquí: (1) obligaciones estatales derivadas de la prevención y garantía de los derechos humanos para hacer frente a la crisis climática; (2) obligación estatal de preservar el derecho a la vida y el acceso a la información frente a la emergencia climática; (3) obligaciones de los Estados, en virtud de los principios de equidad intergeneracional, de proteger los derechos de los niños y las generaciones futuras frente al cambio climático; (4) alcance de las obligaciones procesales judiciales y administrativas; (5) protección de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos; (6) cooperación entre los Estados para hacer frente al cambio climático en la región.
La solicitud de opinión consultiva a la CIJ fue propuesta por Vanuatu, junto con otros 130 Estados signatarios, con el objetivo de que aclare las obligaciones jurídicas de los Estados en relación con la emergencia climática. El 29 de marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU (AGNU) adoptó la Resolución que solicita la opinión consultiva de la CIJ. En la resolución, la AGNU calificó la crisis climática de “desafío sin precedentes de proporciones civilizatorias”. La resolución de la AGNU plantea dos cuestiones principales. En primer lugar, pregunta “¿cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero para los Estados y para las generaciones presentes y futuras?”. En segundo lugar, se pregunta “¿cuáles son las consecuencias jurídicas en virtud de estas obligaciones para los Estados cuando éstos, por sus actos y omisiones, hayan causado daños considerables al sistema climático y a otras partes del medio ambiente, con respecto a: (a) Los Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, resulten perjudicados o especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o sean particularmente vulnerables a ellos; y b) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?”. Varios miembros promovieron esta actividad, como el Center for International Environmental Law (CIEL).
Una tercera solicitud de opinión consultiva está siendo elaborada por un colectivo de abogados africanos de interés público especializados en derechos humanos y medio ambiente, activistas climáticos, pueblos indígenas, comunidades de primera línea y defensores, encabezados por Alfred Lahai Gbabai Brownell Sr., miembro de la Red-DESC.
La petición busca solicitar a la Corte Africana que emita una opinión sobre las obligaciones en materia de derechos humanos de los cincuenta y cuatro (54) Estados africanos para responder a la crisis climática. Como señala Alfred, África no sólo es el continente que menos gases de efecto invernadero emite, sino también el más vulnerable, que está siendo testigo de un aumento masivo de nuevas inversiones en combustibles fósiles, lo que inclina la balanza en el presupuesto de carbono y, por lo tanto, se encuentra en una encrucijada crítica en el péndulo de la crisis climática, lo que hace necesaria esta opinión consultiva. Alfred Brownell es el principal activista y fundador de Green Advocates International, con sede en Liberia, ganador del Premio Goldman 2019 para África, profesor visitante en la Facultad de Derecho de Yale y actual presidente fundador de la Red Mundial de Defensa Legal del Clima.
Varios casos sobre el clima están pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los cuales algunos están suspendidos mientras la Gran Sala evalúa los tres casos iniciales de este año: KlimaSeniorinnen vs. Suiza, Duarte Agostinho vs. Portugal y otros 32 y Carême vs. Francia. En marzo, la Gran Sala llevó a cabo audiencias en los casos KlimaSeniorinnen vs. Suiza (con la intervención de un colectivo de miembros de la Red-DESC) y Carême vs. Francia. El Tribunal programó una audiencia en el caso Duarte Agostinho vs. Portugal y otros 32 (en el que intervino un colectivo de miembros de la Red-DESC) para el 27 de septiembre.
Esta serie de audiencias, decisiones pendientes y próximas opiniones consultivas sitúan a este año como fundamental en el acceso a la justicia internacional en materia de derechos humanos relacionados con el clima.
Los litigios, sobre todo en combinación con trabajo de incidencia y campañas más amplias, se están convirtiendo en una vía cada vez más importante para quienes se ven más gravemente afectados por la crisis climática y se resisten a ella. Por ejemplo, la solicitud de opinión consultiva encabezada por Vanuatu (un pequeño Estado insular de baja altitud que se enfrenta a la peor parte de la crisis climática) surgió de las actividades de incidencia de sus estudiantes de Derecho. Los estudiantes respondían al aumento del nivel del mar que obligó a reubicar “seis pueblos en cuatro de sus islas” e “hizo que el suministro de agua sea tan salado que no se puede beber”, y a cómo los fenómenos meteorológicos extremos afectan cada vez más a las islas, como el ciclón Pam en 2015, que destruyó el 96 % de la producción de alimentos del país. De hecho, el alcance de la crisis climática que afecta a Vanuatu es tan grave que la ONU lo ha calificado como “el país con mayor riesgo de desastres naturales”.
Chile y Colombia, en la región andina, también enfrentan fenómenos meteorológicos extremos, como altas temperaturas, inundaciones, corrimientos de tierra y un aumento de la transmisión de enfermedades como el dengue, la malaria y el chikungunya. El cambio climático ha provocado importantes desplazamientos y migraciones en la región andina: el 80% de las personas desplazadas son mujeres y niñas, y un número desproporcionado de las personas afectadas son pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Desde hace ya cierto tiempo, cada vez son más los litigios sobre derechos humanos relacionados con el clima, y se han logrado victorias importantes, como la sentencia en el caso Urgenda vs. Países Bajos, ganada por la Fundación Urgenda, cuyo equipo jurídico incluye a la miembro de la Red-DESC Tessa Khan, quien cofundó la Climate Litigation Network junto con la Fundación Urgenda, que ha liderado importantes litigios climáticos en todo el mundo. Lo que queda por ver es si los tribunales en general reaccionarán a la escala de la crisis con una respuesta justa y proporcionada, complementando y reforzando las luchas de las comunidades y movimientos de todo el mundo por la justicia climática. Puede que en 2023 se encuentren algunas de las respuestas.