El momento de la transformación es ahora. Desde las realidades vividas y las luchas de comunidades del Sur Global, las organizaciones de sociedad civil firmantes hacemos un llamado a los Estados Miembro de la ONU, organizaciones internacionales y sociedad civil para que defiendan las siguientes prioridades en las negociaciones de FfD4. Al centrar los derechos humanos, rechazar la austeridad y democratizar la gobernanza global, podemos transformar la arquitectura financiera para corregir las desigualdades sistémicas y garantizar nuestro derecho al futuro. Nos comprometemos a trabajar con aliades para exigir rendición de cuentas a quienes detentan el poder, aprovechando este momento para que nadie quede atrás.
En un contexto global de represión que continúa silenciando muchas de nuestras voces, las comunidades más afectadas por un sistema económico injusto y colonial no pueden quedar excluidas de las negociaciones clave. Una arquitectura financiera verdaderamente transformadora debe seguir avanzando en Sevilla, en consonancia con las siguientes demandas:
1. Respaldar la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional
El documento final de FfD4 debe respaldar sin ambigüedades las negociaciones de la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional, cuyos Términos de Referencia fueron definidos a través de un proceso inclusivo en 2024, como parte de un esfuerzo por desmantelar los legados coloniales de la gobernanza fiscal global. Esta Convención debe priorizar la eliminación de sesgos de género en los sistemas tributarios, poner fin a la “carrera hacia el abismo” en impuestos corporativos y frenar los flujos financieros ilícitos que drenan recursos del Sur Global. Tal como enfatiza la ACNUDH, la cooperación fiscal internacional debe alinearse con las obligaciones de derechos humanos, garantizando una tributación progresiva y políticas redistributivas que financien presupuestos transformadores de género y servicios públicos universales. Cualquier intento por reabrir discusiones que favorezcan marcos dominados por la OCDE/G20 implicaría reproducir dinámicas de poder injustas.
Asimismo, FfD4 debe institucionalizar el reporte país por país de carácter público y un registro global de beneficiarios reales (Global Asset Register) para combatir la evasión y elusión fiscal. Las recomendaciones sobre transparencia de la ACNUDH (párrafo 24 bis) deben ampliarse para garantizar que los países en desarrollo puedan recuperar recursos para servicios públicos.
2. Establecer una Convención de la ONU sobre Deuda Soberana para cancelar y reestructurar la deuda
FfD4 debe apoyar el inicio de un proceso intergubernamental bajo la ONU para abordar la creciente crisis de la deuda mediante mecanismos de cancelación y reestructuración, especialmente para los países con cargas insostenibles. Los Estados no deben verse forzados a priorizar el pago de la deuda por encima de los derechos a la salud, la educación o la acción climática. Es urgente una Convención de la ONU sobre Deuda Soberana que establezca principios vinculantes sobre endeudamiento responsable, mecanismos de transparencia de deuda, y vías para la cancelación de deudas ilegítimas o insostenibles. Esta Convención permitiría por fin un acceso justo y democrático a la resolución de deudas, fuera del marco dominado por EE. UU. del Banco Mundial/FMI y el fallido Marco Común.
3. Promover sistemas fiscales transformadores de género y rechazar la austeridad
Los sistemas fiscales deben ser progresivos, con enfoque de género e interseccionales, y rechazar explícitamente las medidas de austeridad que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y niñas en toda su diversidad, así como a otras comunidades marginadas. FfD4 debe fortalecer el lenguaje en torno a las políticas fiscales transformadoras de género, con compromisos vinculantes para financiar protecciones sociales universales, sistemas públicos de salud (incluidos los derechos sexuales y reproductivos) y educación inclusiva. En consonancia con el llamado de la ACNUDH a gravar a las grandes fortunas (párrafo 22e), exigimos redistribución de la riqueza para enfrentar las desigualdades estructurales y financiar economías centradas en el cuidado. Las reglas fiscales deben priorizar los derechos humanos por encima de la rigidez macroeconómica, garantizando que los Estados puedan cumplir sus compromisos con los ODS y el derecho internacional.
4. Garantizar una gobernanza democrática y frenar la captura corporativa
Instamos al inicio de un proceso liderado por la ONU para revisar y reformar integralmente las estructuras de gobernanza del FMI, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo. La gobernanza y los mandatos de estas instituciones deben alinearse con la Carta de la ONU y el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el derecho a la autodeterminación y al desarrollo, a través de un proceso intergubernamental inclusivo, democrático y con rendición de cuentas. Esto implica redistribuir el poder de voto, eliminar vetos de facto, ampliar la representación de países en desarrollo y restablecer los votos básicos basados en la igualdad soberana.
Los procesos de FfD y otros espacios de la ONU deben asignar financiamiento directo y garantizar la participación segura de colectivos feministas, migrantes, de base y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de políticas y espacios de toma de decisiones. A su vez, se debe limitar activamente el acceso y la influencia de lobbies empresariales para frenar la captura corporativa de estos procesos y espacios multilaterales.
5. Impulsar un financiamiento innovador con enfoque de equidad y justicia reparadora
Los mecanismos de solidaridad global deben ser entendidos como obligaciones reparadoras, no como caridad, frente a las injusticias históricas del colonialismo y la deuda climática. Estos recursos deben financiar modelos de desarrollo centrados en los derechos humanos en el Sur Global, priorizando a las comunidades marginadas y en coherencia con los Principios de Maastricht sobre las generaciones futuras. FfD4 debe rechazar la privatización y financiarización de servicios esenciales como la salud y la educación, y garantizar que la participación del sector privado se rija por estándares de derechos humanos, bajo el marco del Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
6. Incluir el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR) en los mecanismos de financiación
Es fundamental incluir y operacionalizar explícitamente el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (CBDR) en el documento final de FfD4, para exigir a los países ricos que financien el desarrollo sostenible y la acción climática. Este financiamiento debe ser reparador, entregarse como subvenciones, no préstamos, y bajo un enfoque libre de condicionalidades, basado en la responsabilidad histórica y las necesidades reales del Sur Global. Los países del Norte que bloquean el acceso equitativo al financiamiento climático y promueven la austeridad o el extractivismo “verde” mediante la deuda, deben rendir cuentas por el incumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales de derechos humanos. Los principios CBDR también deben guiar la reestructuración de deuda a través de una Convención de la ONU, priorizando los derechos humanos por encima de los intereses de los acreedores, e integrando justicia climática y de género en los análisis de sostenibilidad de la deuda.
7. Establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas con indicadores interseccionales de derechos humanos
FfD4 debe establecer mecanismos de monitoreo exigibles, incluyendo revisiones lideradas por la sociedad civil sobre la acción financiera, así como marcos nacionales integrados de financiamiento (INFFs) que evalúen el impacto sobre los grupos más marginados. Siguiendo el modelo de la Base de Datos de Seguimiento de Recomendaciones Nacionales (NRTD) de la ACNUDH, el progreso debe medirse mediante indicadores interseccionales de género, discapacidad y justicia climática, garantizando transparencia y resultados reparadores.
8. Implementar políticas comerciales equitativas alineadas con los derechos humanos
Las negociaciones de FfD4 deben garantizar una participación justa de los Estados del Sur Global y su derecho a aplicar políticas industriales, agrícolas y sociales que promuevan sus propios objetivos de desarrollo y transformación económica. Las negociaciones comerciales deben ser transparentes, participativas e inclusivas de la sociedad civil, las mujeres y las comunidades marginadas, para asegurar resultados centrados en el interés público, y no en los intereses de países ricos o empresas multinacionales. Los acuerdos comerciales alcanzados deben incluir estándares ambientales y laborales exigibles, garantizando que el comercio contribuya, en lugar de obstaculizar, al desarrollo sostenible, la acción climática y la protección de los derechos humanos.
9. Crear mandatos regulatorios bajo la ONU para actores financieros globales y poner fin a la influencia de organismos opacos y excluyentes
Exigimos la creación de mecanismos intergubernamentales bajo el ECOSOC para regular y exigir responsabilidades a actores financieros globales como agencias calificadoras de riesgo, fondos especulativos y tenedores de bonos soberanos. Esto debe incluir la creación de una agencia internacional de calificación pública y el fortalecimiento de un sistema de reservas global con acceso equitativo a los Derechos Especiales de Giro (DEG).
Rechazamos la asignación de mandatos regulatorios a cuerpos como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS), que carecen de representación universal y están dominados por un reducido grupo de países ricos. La regulación financiera global debe sustentarse en instituciones inclusivas, transparentes y con enfoque de derechos, responsables ante todos los Estados Miembros.
La Red-DESC es una red global conformada por más de 300 organizaciones de derechos humanos en más de 80 países. Esta declaración fue desarrollada y liderada por miembros de La Red-DESC, incluyendo a Dejusticia, MENAFem, SEATINI, Asia Peoples’ Movement on Debt and Development, Center for Economic and Social Rights (CESR) y miembrxs del Grupo de Trabajo sobre Política Económica.
