Pueblos indígenas

Solapas principales

Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer con un llamado mundial a un Pacto Social sobre Cuidados justo y consensuado. Comenzamos a demandar esto hace 3 años cuando la COVID-19 exacerbó la crisis global de los cuidados. Desde entonces, nuestros miembros han seguido multiplicando nuestras acciones para resaltar la necesidad de poner los cuidados al centro de las agendas políticas a nivel mundial. 

 

Los autores, pueblos indígenas de las islas del estrecho de Torres, presentaron una petición contra Australia por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los peticionarios sostuvieron que las medidas insuficientes de protección del clima por parte de Australia violaban sus derechos humanos bajo los artículos 6 (derecho a la vida), 17 (derecho a la vida privada, la familia y el domicilio), 24(1) (derecho de niñas y niños a medidas de protección) y 27 (derecho a la cultura) del PIDCP. 

Entre el 13 y el 29 de marzo de 2022 se celebraron en Ginebra las reuniones entre sesiones previas a la COP15, una importante cumbre de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica. En vísperas de estas conversaciones preparatorias entre los Estados, los miembros de la Red-DESC enviaron una carta colectiva en la que pedían a todas las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que adoptaran un enfoque basado en los derechos humanos en general y, en particular, que reconocieran, respetaran, protegieran y promovieran el derecho general a la autodeterminación, incluido el consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la tierra y los derechos de tenencia en el marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020, que se está negociando actualmente y que probablemente se adoptará en la COP15. Además, pide a los gobiernos que adopten un “indicador de la tenencia de la tierra” y subraya la importancia de reforzar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

De cara a las próximas reuniones intersesionales en Ginebra en marzo de 2022, la membresía de la Red-DESC han adoptado una carta colectiva en la que se pide a todas las Partes del Convenio...

Las demandantes en esta causa son las comunidades ogale y bille del Estado de Rivers, Nigeria, quienes representan a aproximadamente 50.000 personas. Denunciaban daño ambiental generalizado, incluyendo contaminación de la napa freática, causado por derrames de petróleo de la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). Las dos demandadas son Royal Dutch Shell Plc (RDS), la empresa matriz de RU, y SPDC, una subsidiaria de PDS registrada en Nigeria.

"Durante demasiado tiempo, los desalojos brutales e ilegales han aterrorizado a las comunidades, incluso durante una pandemia que nos obliga a quedarnos en casa por razones de salud pública. Por lo tanto, exigimos el fin de todos los desalojos en nuestras ciudades. Exigimos el fin

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En Lhaka Honhat vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que Argentina violaba sus obligaciones bajo el artículo 1.1 de la...

Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Lhaka Honhat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos wichí (mataco), iyjwaja (chorote), komlek (toba), niwackle (chulupí) y tapy'y (tapiete) que viven en lotes con los registros catastrales 175 y 5557, en la provincia de Salta (previamente conocidos y referidos en el caso como los lotes 14 y 55).

La reclamación fue iniciada contra GVL en octubre de 2012 ante la RSPO. La primera decisión del Panel de Reclamaciones sobre el caso es del 13 de diciembre de 2012 y sostuvo que las reclamaciones tenían mérito, emitiendo una orden de suspensión contra GVL. A partir de 2013, GVL debía presentar informes trimestrales sobre sus actividades en Liberia, incluyendo sus esfuerzos para mejorar sus operaciones y cumplir con decisiones posteriores de la RSPO.

Este caso se refiere al arrendamiento de tierras tribales con fines de minería e industriales. El Estado de Andhra Pradesh otorgaba contratos de arrendamiento a varias personas ajenas a la tribu para que realizaran actividades de minería en tierras tribales.