Residentes y organizaciones de defensa del interés público cuestionaron la demolición por parte del gobierno de villas miserias; el desalojo priva a los residentes de medios de subsistencia y, por ello, de su derecho a la vida; obligaciones de aplicar la justicia natural antes del desalojo; se recomendaba el reasentamiento sin considerarlo como un derecho.
A pesar de la decisión de la Corte, el Gobierno desalojó a otras 14.674 familias (unas 88.044 personas) entre el 8 y el 11 de agosto de 1999 (ver informes de COHRE y ACHR más abajo). En su repaso anual de casos, ASK señala que casos posteriores se basaron en este precedente, como, por ejemplo, Kalam & Ors v. Bangladesh & Ors 21 BLD (HCD) (2001) 446, pero la Corte se abstuvo nuevamente de ordenar el reasentamiento.
Este caso es importante para Bangladesh, puesto que se reconoce que las garantías constitucionales y de derechos humanos se aplican en casos de desalojo (ver más comentarios en el caso Olga Tellis).