Denuncia por violación de los derechos a la salud y a la vida. Prioridades en materia presupuestaria. Obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Obligación especial respecto a grupos vulnerables. Acceso gratuito a servicios médicos básicos.
Este caso evidencia la posibilidad de exigir al poder judicial fiscalizar la asignación y ejecución de partidas presupuestarias en materia de derechos sociales a través del estándar legal de progresividad y no regresividad. De igual modo, da cuenta de la potencialidad de que la CIDH aplique dichos estándares (previstos en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) como parámetro de juicio de las medidas adoptadas por los Estados en materia de derechos sociales.
Demandantes: Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) (http://www.cdes.org.ec) en representación del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud, y de los trabajadores afiliados.