Denuncia por violación de los derechos a la salud y a la vida. Prioridades en materia presupuestaria. Obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Obligación especial respecto a grupos vulnerables. Acceso gratuito a servicios médicos básicos.
El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en representación del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud y de los trabajadores afiliados, denunció ante la CIDH al Estado ecuatoriano, por incumplir la obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este incumplimiento radicaba en las reducciones sistemáticas del presupuesto nacional en materia de salud y su consecuente impacto en la salud y la vida de los grupos más vulnerables de la sociedad. Las disminuciones presupuestarias significaron reducciones masivas de personal, infraestructura, equipos, materiales y programas de salud. También, se denunció al Estado por violar la obligación de garantizar mecanismos judiciales para recurrir y reparar las violaciones de derechos fundamentales. La contracción presupuestaria era contraria a la Constitución ecuatoriana que garantiza el acceso a servicios médicos básicos a toda la población y explícitamente prohíbe que las asignaciones para el sector de la salud sean reducidas. Más aún, exige que aquéllas se incrementen en directa conexión con el incremento en los ingresos nacionales. Ante esta situación, los peticionarios presentaron dos recursos en tribunales nacionales, demandando la inconstitucionalidad de dichas reducciones y alegando también la violación de normas e instrumentos internacionales de derechos humanos. Los dos casos llegaron hasta el Tribunal Constitucional, donde fueron rechazados, sin una revisión sustantiva, hecho que provocó la presentación ante la CIDH. Hasta la actualidad, la CIDH no se ha expedido.
Este caso evidencia la posibilidad de exigir al poder judicial fiscalizar la asignación y ejecución de partidas presupuestarias en materia de derechos sociales a través del estándar legal de progresividad y no regresividad. De igual modo, da cuenta de la potencialidad de que la CIDH aplique dichos estándares (previstos en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) como parámetro de juicio de las medidas adoptadas por los Estados en materia de derechos sociales.
Demandantes: Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) (http://www.cdes.org.ec) en representación del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud, y de los trabajadores afiliados.