Recurso presentado por pensionados para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Pensiones Estatales, que restringía temporalmente el pago de fondos de pensión; derecho a la seguridad social; aplicación nacional del derecho internacional de derechos humanos; derechos de las personas de mayor edad.
La Corte concluyó que la Ley de Pensiones era inconstitucional y ordenó al Parlamento a que preparara un plan para pagar los montos reducidos de las pensiones hasta marzo de 2010. A partir de esta decisión, el FMI incrementó la presión sobre el gobierno de Letonia para que reduzca la jubilación "anticipada", definida como la jubilación antes de los 65 años. Actualmente, la edad promedio de jubilación es de menos de 61 años, mientras que la edad de jubilación legal es de 62 años y el FMI exige que Letonia la aumente a 65 años para el año 2021.
Desde que se inició la crisis financiera de 2009, las medidas de austeridad han provocado tensión social en muchos países. En este caso, la Corte Constitucional de Letonia afirmó la primacía del derecho constitucional y de los derechos humanos en la toma de decisiones de política pública referida a asignaciones fiscales. Asimismo, la interpretación de la Corte en el sentido de que las cláusulas de los préstamos internacionales no pueden anular las obligaciones de derechos humanos, fue una victoria importante para quienes exigen que las instituciones multilaterales asuman su responsabilidad frente a los principios del derecho internacional de los derechos humanos.