Summary
Desde febrero de 2003, tras el inicio de un conflicto armado en la región de Darfur del Sudán, miembros de la milicia llamada Janjaweed se dieron a la tarea de desalojar por la fuerza, matar y violar a miles de indígenas negros de la región. Los peticionantes adujeron que tales actos constituían la omisión del gobierno de Sudán de respetar y proteger los derechos del pueblo de Darfur y, en particular, violaban los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 (1) y 22 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Al afirmar la admisibilidad de la petición, la Comisión citó su decisión del caso Free Legal Assistance v. Zaire, y sostuvo que los recursos nacionales se pueden considerar agotados cuando las violaciones son tan serias y generalizadas que los recursos dejan de estar efectivamente disponibles.
Respecto de los desalojos forzosos, la Comisión concluyó que el desalojo forzado en el contexto de Darfur no solamente violaba el derecho a una vivienda adecuada sino que era una violación del artículo 4 (derecho a la integridad de la persona) y del artículo 5 (prohibición del tratos o penas castigo crueles, inhumanos o degradante). La decisión incluyó la violación de la obligación de proteger por no haber protegido a los ciudadanos de las violaciones perpetradas por sus fuerzas o terceros, y no haber proporcionado protección inmediata para las víctimas. Respecto del derecho al agua, la Comisión analizó las obligaciones de respetar y proteger, y sostuvo que "la destrucción de hogares, ganado y granjas, así como el envenenamiento de las fuentes de agua, como los pozos de agua" constituía una violación del artículo 16 de la Carta Africana (derecho al mayor nivel posible de salud). Finalmente, la Comisión Africana sostuvo que se había violado el artículo 22 de la Carta Africana referido al derecho de todos los pueblos a su desarrollo económico, social y cultural. La Comisión concluyó que los ataques y los desalojos forzados les negaban la oportunidad de desarrollar actividades económicas, sociales y culturales, e interferían con el derecho a la educación.
