Summary
Un grupo de personas sin techo construyó refugios formados por carpas, lonas y cajas de cartón en un parque de la ciudad de Victoria, en la provincia canadiense Columbia Británica. El gobierno de la ciudad solicitó una medida cautelar permanente (orden legal que requería que los sin techo se abstuvieran de construir refugios) y que se declarara que tales estructuras violaban la Park Regulation Bylaw and Streets and Traffic Bylaw [Ordenanza de Regulación de Parques, y Ordenanza de Calles y Tránsito]. En la ciudad existía un déficit documentado de espacio en alojamientos públicos para personas sin techo. La defensa argumentó que las ordenanzas eran inconstitucionales porque violaban "el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona" consagrado en el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
El tribunal de primera instancia resolvió que la prohibición de los refugios temporarios en los parques era inconstitucional cuando no hubiera espacios alternativos en alojamientos públicos y consideró que el asunto era claramente justiciable, dado que se refería a la constitucionalidad de una prohibición legal. El tribunal se valió del derecho a una vivienda adecuada bajo el derecho internacional de derechos humanos como herramienta para la interpretación, haciendo referencia a presentaciones efectuadas por Canadá al Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto del alcance de las protecciones nacionales del derecho a la vivienda, y a la Observación General No. 4 sobre dicho derecho conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El tribunal señaló que la cuestión de si el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona impone obligaciones positivas sobre los gobiernos respecto de asegurar el derecho a la vivienda no había sido determinada por la Corte Suprema de Canadá, y no era necesario que fuera resuelta en este caso, dado que se estaba cuestionando solamente la interferencia del Estado.
En la apelación, el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica confirmó unánimemente la decisión del tribunal de primera instancia, efectuando solamente cambios menores. Sin embargo, permitió que la ciudad apelara ante la Corte Suprema de Columbia Británica para poner fin a la sección de la ordenanza referida a la construcción de refugios si la ciudad podía demostrar que existían suficientes recursos para proveer alojamiento a las personas sin techo.
