Denuncia en contra el Estado ecuatoriana por haber otorgado una concesión petrolera y después permitido que una empresa argentina hiciera exploración sísmica en el territorio del pueblo Sarayaku sin haber hecho la consulta previa con el pueblo. Violaciones de los derechos a la consulta/acuerdo previa, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural.
En la década de 1990, el gobierno ecuatoriano permitió que una empresa petrolera argentina, la Compañía General de Combustibles (CGC), explorara las tierras del pueblo Sarayaku sin realizar una consulta previa, libre e informada a dicho pueblo. Las actividades de la empresa impactaron en sitios de especial valor cultural, en parte debido a que el análisis de impacto ambiental fue llevado a cabo por una organización privada contratada por la propia empresa petrolera. En 2010, la compañía abandonó 1.400 kilos de explosivos en un área de 16.000 hectáreas, poniendo en grave peligro la vida y la integridad física de los miembros del pueblo Sarayaku. No se garantizó el acceso a la justicia para abordar las presuntas amenazas y agresiones sufridas por el pueblo Sarayaku.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que Ecuador debía limpiar las tierras Sarayaku de los explosivos. Asimismo, estableció que debía realizarse una consulta previa, adecuada, efectiva y plena al pueblo Sarayaku en caso de cualquier proyecto de extracción de recursos, incluso respecto de los análisis de impacto ambiental. El Estado debía implementar programas de capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas para funcionarios públicos que trabajen con pueblos indígenas. La Corte también decidió que el Estado debía organizar un acto público en tierras Sarayaku, reconociendo su responsabilidad por las violaciones cometidas. Finalmente, la Corte resolvió que el Estado debía pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Aunque es muy temprano para evaluar la ejecución, el gobierno ecuatoriano ha reconocido públicamente su responsabilidad por las violaciones. El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mero, ha afirmado la intención de Ecuador de cumplir con la sentencia de la Corte, aunque no ha precisado cuando. Sin embargo, queda por ver si Ecuador retire los explosivos del territorio de los Sarayaku. Además, mientras Ecuador afirma que se incluirá la consulta previa en la próxima ronda XI de licitación petrolera, planeada para 2012, el gobierno ha promulgado el Decreto Ejecutivo No. 1247 del 19 de julio del 2012, que regula la consulta previa y que, en las palabras del pueblo Sarayaku y de varias organizaciones indígenas de Ecuador, “pretende suprimir la consulta con un simple trámite de socialización o información, desconociendo así la sentencia de la Corte IDH en el Caso Sarayaku”.
Según el abogado de los Sarayaku, Mario Melo, la sentencia favorable y la intensa atención internacional que recibió es el resultado de una estrategia de los Sarayaku que podría ser utilizado con el mismo éxito por otros pueblos indígenas que enfrentan la imposición de proyectos de “desarrollo” en sus territorios. Los Sarayaku fueron ejemplos de unidad, organización, cohesión social y determinación. Además, desde una perspectiva normativa, la sentencia desarrolla los criterios en cuanto al derecho a la consulta previa e informada que pueden ser usados en otros casos de violaciones a derechos indígenas en Latinoamérica (Entrevista de Dejusticia con Mario Melo, documentos de CEJIL, Amazon Watch, y The Economist).
Fundación Pachamama
CEJIL