Orden de la Corte Suprema que exige que el Estado cumpla con las protecciones internacionales y constitucionales para la mujer en el lugar de trabajo. Protecciones internacionales y constitucionales para los derechos de las mujeres. Derecho laboral. Obligaciones positivas. Acoso sexual y entorno de trabajo peligroso/hostil. Revisión judicial. Legitimación.
La petición fue presentada por abogados de la organización nepalesa Pro Public a fin de proteger los derechos internacionales y constitucionales de miles de mujeres que trabajan en los llamados "cabin and dance restaurants" y salones de masajes. Estos establecimientos han crecido durante los últimos diez años y ahora se encuentran en todas las zonas urbanas de Nepal. s Más del 80% de sus empleados son mujeres. Aunque muchas sufren de condiciones hostiles e inseguras en el lugar de trabajo, los que causan su explotación económica, sexual y social las empleadas frecuentemente son obligadas a permanecer en su puesto de trabajo debido a diversos factores socioeconómicos y culturales que les impiden acceder a otras fuentes de trabajo.
Al favorecer a los peticionantes con su decisión, la Corte señaló que la operación de estos establecimientos no está prevista por ninguna ley nacional, lo que deja a las mujeres desprotegidas frente los abusos de sus derechos. La Corte también concluyó que el gobierno nepalés no había promulgado legislación que garantice a las mujeres un entorno de trabajo seguro y saludable, así como otras protecciones laborales exigidas por el derecho internacional, incluyendo la CEDAW (artículo 11) y, el PIDESC (artículo 7), además que la Constitución Interina (artículos 11, 12, 13, 18 y 20). La Corte ordenó al gobierno que promulgara las leyes necesarias para vigilar, controlar y supervisar los establecimientos conocidos como "cabin and dance restaurants" en Nepal. Posteriormente, la Corte emitió directrices para proteger a las empleadas, incluyendo el establecimiento de un mecanismo de vigilancia para asegurar que los establecimientos estén registrados, el pago de un salario mínimo y la protección contra el acoso sexual. Con respecto a este último punto, la Corte citó la Recomendación No. 22 de la CEDAW, destacando que: "la igualdad en el empleo puede verse seriamente reducida cuando las mujeres son sometidas a violencia de género, como el acoso sexual en el lugar de trabajo".
Tras la decisión, varios ministerios, incluyendo el Ministerio de la Mujer, los Niños y el Bienestar Social, comenzaron a elaborar planes de trabajo conforme a las directrices dadas por la Corte. También se informó que Pro Public trabajaría con la Corte Suprema para publicar las directrices y asegurar su diseminación entre todas las partes interesadas, incluyendo entidades locales gubernamentales y no gubernamentales encargadas de coordinar los esfuerzos para asegurar su implementación.
Los defensores sostienen que la sentencia agregó una nueva dimensión al papel que desempeña la Corte Suprema en términos de asegurar la plena implementación de los mecanismos constitucionales y de derechos humanos. Por ejemplo, la decisión destacó la nueva táctica de la Corte de emitir directrices referentes a temas y derechos que el parlamento nepalés no ha trabajado, incluyendo el uso como modelo de los términos de instrumentos internacionales como la CEDAW. También condujo a discusiones entre los propietarios de los establecimientos ("cabin and dance restaurants") y las mujeres allí empleadas con respecto a los temas relacionados con la implementación.
