Orden de la Corte Suprema que exige que el Estado cumpla con las protecciones internacionales y constitucionales para la mujer en el lugar de trabajo. Protecciones internacionales y constitucionales para los derechos de las mujeres. Derecho laboral. Obligaciones positivas. Acoso sexual y entorno de trabajo peligroso/hostil. Revisión judicial. Legitimación.
Tras la decisión, varios ministerios, incluyendo el Ministerio de la Mujer, los Niños y el Bienestar Social, comenzaron a elaborar planes de trabajo conforme a las directrices dadas por la Corte. También se informó que Pro Public trabajaría con la Corte Suprema para publicar las directrices y asegurar su diseminación entre todas las partes interesadas, incluyendo entidades locales gubernamentales y no gubernamentales encargadas de coordinar los esfuerzos para asegurar su implementación.
Los defensores sostienen que la sentencia agregó una nueva dimensión al papel que desempeña la Corte Suprema en términos de asegurar la plena implementación de los mecanismos constitucionales y de derechos humanos. Por ejemplo, la decisión destacó la nueva táctica de la Corte de emitir directrices referentes a temas y derechos que el parlamento nepalés no ha trabajado, incluyendo el uso como modelo de los términos de instrumentos internacionales como la CEDAW. También condujo a discusiones entre los propietarios de los establecimientos ("cabin and dance restaurants") y las mujeres allí empleadas con respecto a los temas relacionados con la implementación.