Sentencia de la Corte Constitucional que armoniza el derecho de una municipalidad a evacuar ciudadanos de una extensión de terreno considerada "área de desastre" con los derechos de las personas a no ser desalojadas de sus hogares hasta que un tribunal haya considerado todas las circunstancias y consecuencias derivadas del desalojo; derecho a la vivienda
Los residentes fueron “evacuados” a Chief Luthuli Park. El 29 de noviembre de 2012, la municipalidad presentó un informe, explicando la disponibilidad de terrenos y las consultas que había mantenido con la comunidad. Finalizó el informe indicando que esperaría la opinión de la Corte antes de reubicar a los residentes. Se llegó a un acuerdo sobre la reubicación de la comunidad N 12, pero no hubo acuerdo respecto de terrenos adecuados para la comunidad Mayfield. En marzo de 2014, la Corte ordenó que se presentara otro informe sobre los avances logrados respecto de la comunidad N 12 Highway Park, incluyendo las medidas tomadas a fin de (i) asegurar la compra de las tierras identificadas para la reubicación; (ii) proporcionar viviendas permanentes a la comunidad; (iii) asegurar que las tierras designadas sean adecuadas para las viviendas; (iv) garantizar que se cuente con servicios de ingeniería; (v) asegurar que todas las parcelas de tierra tengan acceso a caminos; (vi) garantizar que todas las parcelas de tierra estén conectadas a las redes nacionales de agua potable y cloacas.
Los residentes informales son especialmente vulnerables a la coerción cuando los riesgos sanitarios que inevitablemente enfrentan en su vida diaria se utilizan para justificar medidas correctivas "urgentes" que, en realidad, los pueden dejar en una situación peor. La decisión de la Corte en el caso Pheko constituye un sólido baluarte contra esa estrategia. En el pasado, en particular en el caso Ciudad de Johannesburgo c. Rand Properties 2007 (6) SA 417 (SCA), la tendencia había sido aceptar sin críticas el diagnóstico y la prescripción del Estado respecto de condiciones de vida inseguras, independientemente de cuán perjudiciales fueran para las personas afectadas.
Sin embargo, Pheko deja en claro que el grado de peligro planteado por las condiciones de vida inseguras debe ser considerado por un tribunal que considere todo el contexto de las propuestas efectuadas para aliviarlas. Rechazando en forma implícita la interpretación restringida del Alto Tribunal y de Harms ADP del artículo 26 (3) en el caso Rand Properties, Nkabinde J sostuvo que se debe tener en cuenta la amplia gama de “circunstancias pertinentes”, incluso cuando el desalojo está autorizado por una notificación no cuestionada expedida en términos de una ley vigente. En Pheko, se debió interpretar que tales circunstancias incluían (obviamente, sin limitarse a ello) si el desastre era tan repentino como para justificar una reubicación apresurada, si era posible reacondicionar Bapsfontein, si existía un plan de gestión de desastre adecuado, si había habido alguna pérdida real de vida, si se habían puesto o era razonablemente posible poner a disposición tierras alternativas, y cuánto tiempo habían vivido en Bapsfontein los residentes. Un tribunal puede negarse a autorizar un desalojo, incluso de condiciones claramente inseguras, tras haber considerado estos y otros factores pertinentes.
Lawyers for Human Rights
Legal Aid Board of South Africa
SERI