European Organisation of Military Associations (EUROMIL) c. Irlanda, denuncia nro. 112/2014

Nature of the Case

El Comité examina si las limitaciones impuestas por Irlanda a los derechos laborales de los militares (como el derecho de sindicación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga) infringían la Carta Social Europea.

Summary

La Organización Europea de Asociaciones Militares (European Organisation of Military Associations, EUROMIL) llevó este litigio ante el Comité Europeo de Derechos Sociales alegando que el gobierno de Irlanda estaba actuando en violación de los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea Revisada (la Carta). El Comité consideró que 1) la restricción del derecho de sindicación constituía una violación del artículo 5 de la Carta; 2) la restricción del derecho de negociación colectiva constituía una violación del artículo 6.2 de la Carta, y; 3) la restricción del derecho de huelga no constituía una violación del artículo 6.4 de la Carta.

La reclamación de EUROMIL en virtud del artículo 5 se basaba en la restricción impuesta a las asociaciones representativas de las Fuerzas de Defensa de afiliarse a organizaciones coordinadoras como el Congreso Irlandés de Sindicatos (Irish Congress of Trade Unions, ICTU). Aunque admitió que el artículo 5 de la Carta permite ciertas restricciones al derecho de sindicación de las fuerzas armadas, EUROMIL alegó que no puede invocarse ninguna justificación para la restricción en cuestión y que las restricciones no eran proporcionadas respecto de ningún objetivo de seguridad pública o interés público.

Al sostener que la prohibición de que las asociaciones representativas de los militares se afiliaran a las organizaciones nacionales de empleados constituía una violación del artículo 5, el Comité declaró que el gobierno no había establecido las razones por las que las cuestiones de seguridad pública y seguridad nacional no podían debatirse en el curso de las negociaciones nacionales. El Comité también reconoció que una prohibición total de afiliación no era necesaria ni proporcionada, ya que priva a la organización representativa de un medio eficaz para negociar las condiciones de empleo en nombre de sus miembros.

La reclamación de EUROMIL en virtud del artículo 6 de la Carta era que las asociaciones representativas de los militares no pueden participar en las discusiones de los acuerdos salariales nacionales y no tienen derechos de negociación con respecto a los aumentos salariales generales, ya que estos son negociados por ICTU en nombre de todos los funcionarios públicos y vinculantes para las asociaciones representativas de los militares. El Comité consideró que se había producido una violación del apartado 2 del artículo 6 de la Carta por no haberse garantizado un acceso suficiente de las asociaciones representativas de los militares a las discusiones sobre los acuerdos salariales. Señaló que, si bien se consulta a las asociaciones representativas de los militares en un proceso paralelo al de los acuerdos de la función pública, se les impide participar directamente en las negociaciones (con la ICTU). El Comité declaró que la mera audiencia de una parte sobre un resultado predeterminado no satisface los requisitos del artículo 6, apartado 2, de la Carta, y que el mecanismo de negociación colectiva debe ofrecer realmente la posibilidad de alcanzar un resultado negociado favorable a los trabajadores.

Sin embargo, el Comité consideró que la prohibición del derecho de huelga de los miembros de las fuerzas armadas no constituía una violación del artículo 6.4 de la Carta. El Comité consideró convincente el objetivo legítimo de la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público, y dictaminó que la disposición legal era proporcionada respecto del objetivo legítimo.

Enforcement of the Decision and Outcomes

El Ministerio de Defensa declaró que tendría realmente en cuenta la postura del Comité en su revisión del Plan de Conciliación y Arbitraje en 2018.

Significance of the Case

A raíz del dictamen del Comité, el Gobierno de Irlanda ha tomado la iniciativa de abordar estas cuestiones. La Public Service Pay Commission (comisión creada para asesorar al gobierno en materia de retribuciones de los servicios públicos) solicitó propuestas a las asociaciones representativas de los militares y participó en las recientes negociaciones salariales que condujeron a la última revisión del acuerdo de Lansdowne Road, que regula las condiciones laborales.

Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.