La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Venezuela había violado los derechos a la participación política y a la libertad de expresión consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos al perder personas su empleo después de que el gobierno publicara la lista de firmas para un referendo revocatorio presidencial.
En 2021, Venezuela aún no había cumplido las órdenes de la Corte.
Este caso demuestra que las peticiones políticas constituyen una forma de expresión protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Existe una obligación positiva de los gobiernos de proteger contra las represalias en relación con la participación en el proceso político. El despido no puede ser un medio para silenciar la oposición y castigar la participación política. Incluso si un contrato permite la rescisión, no puede utilizarse para ocultar represalias.
Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
