Relevancia del caso
Se trata de una decisión histórica en América Latina sobre el cambio climático y las generaciones futuras, la primera de su tipo por parte de un tribunal superior de la región. Además de reconocer los derechos de las generaciones futuras a un medio ambiente saludable y declarar a la región amazónica de Colombia como titular de derechos, el caso interpretó los compromisos de Colombia asumidos en el Acuerdo de París como aplicables en el ámbito nacional. La sentencia busca reducir la deforestación neta a cero y, de esa manera, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, respondiendo a las estadísticas que muestran que la deforestación creció un 44% de 2015 a 2016.
El caso es importante por tres razones principales: 1) contribuye al desarrollo de jurisprudencia referida a que el cambio climático y sus impactos amenazan los derechos humanos y, por ello, debe ser mitigado para proteger los derechos humanos; 2) reconoce los derechos de las generaciones futuras, en particular su derecho a ser oídas en la formulación de políticas que las afectan o afectarán en el futuro; 3) avanza el debate sobre los derechos de la naturaleza. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).
En primer lugar, el caso contribuye con la nueva tendencia de litigar sobre el clima, en la que los ciudadanos buscan que los gobiernos asuman su responsabilidad por la falta de acción o la acción insuficiente destinada a abordar las causas de raíz del cambio climático en sus jurisdicciones a pesar de sus obligaciones nacionales e internacionales y de los claros compromisos asumidos por esos mismos gobiernos en forma voluntaria en conferencias sobre el clima de la ONU. La creciente ola de demandas sobre el clima contribuye a la formación de claras normas legales internacionales que obligan a los Estados a proteger la estabilidad del sistema climático. El caso se basó en los últimos avances de la ciencia climática, que ahora puede atribuir con mayor precisión algunos eventos extremos al cambio climático. Los actores utilizaron información oficial producida por el mismo demandado, el gobierno, para demostrar claramente que la deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia. Por ello, poner fin a la deforestación sería crucial para reducir las emisiones y, en consecuencia, los efectos del cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).
En segundo lugar, la Corte declaró la importancia de proteger los derechos de las futuras generaciones, es decir, las que sufrirán los peores efectos de la deforestación y el calentamiento global. Este caso les dio una voz a niños y jóvenes que acudieron a los tribunales buscando protección para sus derechos. En su decisión, la Corte Suprema reconoció los derechos y obligaciones de generaciones actuales y futuras de frenar la deforestación y el cambio climático. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).
En tercer lugar, la Corte Suprema reconoció a la región amazónica de Colombia como un sujeto titular de derechos que tiene derecho a protección, conservación, mantenimiento y restauración por parte del Estado y los organismos territoriales. Esto significa que cuando esté en peligro la integridad de la región amazónica, los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para demandar su protección. De esta manera se avanza el debate sobre los derechos de la naturaleza y su alcance, significado y consecuencias prácticas. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).
Agradecemos especialmente el aporte de los miembros de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University, and Dejusticia.
Ultima actualización: 11 de enero de 2019