La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que El Salvador violó los derechos humanos a la salud, a un juicio justo, a la vida y a la integridad personal de una mujer, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando inició procedimientos penales contra ella por homicidio agravado y la detuvo mientras estaba sufriendo una emergencia obstétrica.
En septiembre de 2022, el Estado de El Salvador reconoció la decisión de la corte y reconoció a la familia de Manuela como víctimas de violaciones de los derechos humanos. Ha comenzado a proporcionar asistencia médica a los padres y a los dos hijos de Manuela. También está buscando alternativas educativas para los hijos. El Estado todavía no ha cumplido las demás órdenes ni ha proporcionado reparaciones directas.
La prohibición absoluta y la penalización del aborto por parte de El Salvador constituye un caso de discriminación estructural e interseccional. Afecta la capacidad de las mujeres para vivir y para mantenerse sanas cuando tienen emergencias obstétricas. Se espera que el personal médico asuma un rol policial y no de cuidado, teniendo en cuenta de que existe la amenaza de que se los pueda acusar de participar en un aborto. Como se indicó en el escrito de amicus colectivo de varios miembros de la Red-DESC, “la penalización del aborto permite de manera previsible y empírica la vigilancia patriarcal y el castigo de las mujeres”.
Penalizar el aborto debilita el derecho de la mujer a decidir acerca de su propia vida y cuerpo, incluyendo durante el embarazo, el nacimiento y la crianza de niños o niñas. Esto se agrava cuando la mujer también está en situación de pobreza. De hecho, como se señaló en el amicus mencionado, más de la mitad de las denuncias de abortos del personal médico proviene de hospitales públicos y del Instituto de Seguridad Social Salvadoreño, mientras que no se informan denuncias de hospitales, clínicas y consultorios privados. Es decir que las mujeres que carecen de los recursos económicos para pagar la atención médica privada se encuentran en una situación de mayor desventaja que aquellas con los medios económicos para acceder a servicios médicos discrecionales en casos de emergencia obstétrica. La decisión de la corte es un paso adelante en la lucha contra tales violaciones y discriminación estructural.
Por otro lado, algunas pensadoras feministas, como Rebecca Smyth, argumentan que la decisión es una oportunidad perdida en el avance de los derechos a la salud reproductiva y sexual, dado que la corte condenó explícitamente la prohibición del aborto por ser incompatible con la Convención Americana. Así, las mujeres siguen expuestas a la continua vigilancia y penalización del cuidado de la salud reproductiva que el Estado considera ilegal.
Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
