El Estado de Queensland y el Commonwealth sostenían que los regímenes legislativos sucesivos vigentes desde 1877 (en Queensland) y la década de 1950 (en el Commonwealth) habían extinguido los derechos de las comunidades del estrecho de Torres a pescar con fines comerciales, al regular “el control, la gestión y la explotación de los recursos vivos” dentro de las “zonas de propiedad indígena”.
