La demanda se presentó en nombre de tres empleados de la organización Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) denunciando que el nuevo sistema amenazaba la accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos en Egipto, especialmente el precio de los genéricos, a los que los ciudadanos egipcios recurren con frecuencia por su relativo bajo precio. Con anterioridad al decreto, el precio de los medicamentos genéricos se determinaba sobre la base del costo real de producción más los márgenes de ganancia.
