Francia

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País: 
Francia
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Litigio Estratégico
Monitoreo

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Producido por un miembro de la Red-DESC

La International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) presentó una petición ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados parte de la Carta Social Europea) denunciando que Francia había violado el derecho a la asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea (revisada)) al cancelar la exención de los inmigrantes ilegales de muy bajos ingresos de pagar el tratamiento médico y hospitalario.

Jean Mouisel sufría de leucemia linfática crónica. Fue sentenciado en 1996 a quince años de prisión por robo a mano armada. En 1999, mientras estaba en prisión, su salud empeoró, requiriendo quimioterapia. Fue transportado al hospital esposado y alegó que fue atado durante la quimioterapia, aunque esto no se comprobó. Abandonó el tratamiento en junio de 2000, alegando las condiciones de tratamiento y el comportamiento agresivo de los guardias.

FEANTSA denunció que Francia violaba el artículo 31 de la Carta Social Europea revisada debido a que no aseguraba el derecho efectivo a la vivienda para sus residentes en diversos contextos.

Autism‑Europe adujo que la aplicación por parte de Francia de leyes relacionadas con la educación para personas con discapacidades era extremadamente insatisfactoria. La gran mayoría (80 a 90 por ciento) de los adultos jóvenes y niños autistas no tenía acceso a servicios educativos adecuados. En base a los índices actuales de ocupación de plazas en institutos de educación especial, Autism-Europe estimaba que se tardaría 100 años en eliminar el déficit de la lista de espera oficial, que entonces incluía a 39.514 personas (incluso más, teniendo en cuenta la definición de la OMS).

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.