Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra máxima preocupación por la actual criminalización de diez personas defensoras de los derechos humanos y miembros de Karapatan, GABRIELA y Rural Missionaries of the Philippines (RMP) en represalia por su legítima labor en materia de derechos humanos.
Elisa Tita Lubi, presidenta de Karapatan; Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan; Roneo Clamor, secretario general adjunto de Karapatan; Gabriela Krista Dalena, tesorera de Karapatan; Edita Burgos; Wilfredo Ruazol, y Jose Mari Callueng, miembros del Consejo Nacional de Karapatan; Gertrudes Ranjo Libang, presidenta de GABRIELA; Joan May Salvador, secretaria general de GABRIELA y la hna. Elenita Belardo, miembro de RMP, se enfrentan a un juicio ante el Tribunal de Primera Instancia Metropolitano de Quezon City, Sección 37, por una acusación maliciosa y falsa de “perjurio” en represalia por sus acciones en busca de protección legal para las personas defensoras de los derechos humanos. El veredicto se dictará en la semana del 2 de enero del 2023. Si son declarados culpables, podrían enfrentarse a una pena de hasta cuatro meses o hasta más de dos años de prisión.
El 6 de mayo de 2019, debido al alarmante aumento de la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas, las/los mencionados activistas de Karapatan, GABRIELA y RMP presentaron un recurso de amparo (orden de protección) y de habeas data (acceso a la información) ante el Tribunal Supremo, en busca de protección contra las amenazas, los ataques y el acoso por parte de funcionarios del gobierno. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Filipinas denegó su petición en junio de 2019.
Tras el rechazo de la petición, las autoridades respondieron con medidas de represalia contra las 10 personas defensoras de los derechos humanos. El 2 de julio de 2019, el entonces asesor de seguridad nacional, el general Hermógenes Esperon, que era nombrado en la petición, presentó una denuncia en la que alegaba que las/los 10 activistas demandados habían cometido “perjurio” al afirmar en la petición que presentaron ante el Tribunal Supremo que RMP era una organización no gubernamental registrada en la Comisión de Valores y Bolsa. Aunque la denuncia por perjurio fue inicialmente desestimada por “falta de causa probable y/o insuficiencia de pruebas”, en febrero de 2020, el fiscal de Quezon City aceptó una moción de reconsideración presentada por el Asesor de Seguridad Nacional y encontró causa probable para acusar a los 10 defensores de los derechos humanos de “perjurio”. Los cargos contra estas personas han sido ampliamente condenados por organizaciones regionales y mundiales de la sociedad civil, así como por la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Desde que se presentaron los cargos de “perjurio”, el Departamento de Justicia ha acusado a al menos 16 personas, entre ellas monjas, vinculadas a Rural Missionaries of the Philippines, de financiar el terrorismo en virtud de la Sección 8(ii) de la Ley de la República 10168 o ley contra la financiación del terrorismo.
En Filipinas, las personas defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo ataques, asesinatos, acoso judicial, detenciones arbitrarias y campañas de estigmatización por parte de agentes estatales, apoderados, partidarios y facilitadores. Desde junio de 2016, cuando el presidente Duterte asumió el poder, se agravó el clima de impunidad por los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Los asesinatos de activistas rara vez se han investigado, lo que aumenta la vulnerabilidad de los que siguen activos, al tiempo que socava la confianza de la comunidad de derechos humanos en el sistema de justicia. Además, la Ley Antiterrorista, aprobada en julio de 2020, agravó aún más la precaria situación de las personas defensoras de los derechos humanos al formalizar legalmente la práctica de “etiquetar” a las/los activistas con definiciones de terrorismo excesivamente amplias y vagas. La grave situación de los derechos humanos en Filipinas, incluida la actual represión de defensores y defensoras de los derechos humanos, ha dado lugar a declaraciones de gran preocupación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en junio de 2020 y, más recientemente, de varios diputados del Parlamento Europeo. Asimismo, en abril de 2020, nueve expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por los asesinatos, las amenazas, las detenciones y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas. Tanto la OACDH como los expertos en derechos humanos de la ONU recomendaron abrir una investigación internacional e independiente sobre las violaciones de los derechos humanos en Filipinas.
Pedimos al nuevo presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., que se distancie del gobierno anterior y se comprometa firmemente a respetar el derecho a defender los derechos humanos. El presidente Marcos Jr. debe poner fin a las amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y garantizar la protección de sus derechos, incluidos los derechos a la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica. Instamos a las autoridades a que pongan fin de inmediato al acoso judicial contra Elisa Tita Lubi, Cristina Palabay, Roneo Clamor, Gabriela Krista Dalena, Edita Burgos, Wilfredo Ruazol, Jose Mari Callueng, Gertrudes Ranjo Libang, Joan May Salvador y Sor Elenita Belardo. Asimismo, pedimos a las autoridades que deroguen la Ley Antiterrorista y aprueben el Proyecto de Ley de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
Nos inspira el trabajo, el valor y el compromiso de las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas, y nos solidarizamos con todas ellas.
Firmantes:
- ACAT – Germany
- Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) – Luxembourg
- ALTSEAN – Burma
- Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)
- Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
- Associació Catalana per la Pau – Catalonia/Spain
- AWID – International
- Banglar Manabadhikar Surakhsa Mancha (MASUM) – India
- Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) – International
- Canada-Philippines Solidarity for Human Rights – Canada
- Capital Punishment Justice Project – Australia
- Centre for Philippine Concerns – Canada
- Changement Social Bénin – Benin
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) – Mexico
- CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation – International
- Environmental Defender Law Center – United States
- ESCR-Net – International Network for Economic, Social and Cultural Rights
- Federal Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany
- Filipino Women’s Organization in Quebec (PINAY) – Canada
- Front Line Defenders – International
- Fundación Promoción Humana – Argentina
- Greek Helsinki Monitor – Greece
- Human Rights Defenders Alert (HRDA) – India
- Human Rights First – International
- Human Rights Watch – International
- IBON International
- International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) – International
- International Federation for Human Rights (FIDH), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- International League of People’s Struggle – Canada
- International Service for Human Rights (ISHR) – International
- Judicial Reform Foundation – Taiwan
- KAIROS Canada
- La Voix des Sans Voix pour les Droits de l’Homme (VSV) – Democratic Republic of the Congo
- Lawyers’ Rights Watch Canada
- Lok Shakti Abhiyan – India
- London Mining Network – United Kingdom
- Malaya Movement – Canada
- Malaya Movement – United States
- Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders (IM-Defensoras)
- Migrante – Canada
- Narasha Community Development Group – Kenya
- National Autonomous Union of Public Administration Staff (SNAPAP) – Algeria
- National Fisheries Solidarity Movement – Sri Lanka
- National Lawyers Guild San Francisco Bay Area Chapter – United States
- Netherlands Philippines Solidarity Movement – Netherlands
- Odhikar – Bangladesh
- ONG Construisons Ensemble le Monde – Democratic Republic of the Congo
- Project South – United States
- Public Service Alliance of Canada – Alliance de la Fonction publique du Canada – Canada
- Rural People’s Sangam – India
- Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network – International
- SOHRAM-CASRA – Turkey
- Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles (SFVS) – Democratic Republic of the Congo
- Tapol – Indonesia
- The Open University – United Kingdom
- The Uplands Center – United States
- United Church of Canada – Canada
- Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho – Peru
- Viva Salud – Belgium
- Women of Diverse Origins – Canada
- Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) – International
- Women Human Rights Defenders International Coalition
- World Organisation Against Torture, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Firmantes individuales:
- Bronwyn Dudley
- Emile Kinley-Gauthier
- Florfina Marcelino
