Normas vinculantes, no promesas voluntarias
Desde hace más de una década, los movimientos y organizaciones de la sociedad civil han impulsado un instrumento jurídicamente vinculante para poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales. Nuestra postura sigue siendo clara: solo las normas de cumplimiento obligatorio —y no los compromisos voluntarios ni las directrices blandas— pueden garantizar la justicia. Al mismo tiempo, hemos participado en el proceso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP de la CMNUCC) para denunciar cómo actores corporativos, especialmente del sector fósil y extractivo, han cooptado las negociaciones climáticas, convirtiendo la COP en un mercado de falsas soluciones en lugar de un espacio para la transformación real.
Desde las salas de juntas hasta los espacios de negociación, la captura corporativa es el hilo conductor que debilita tanto los procesos del tratado como los de la COP.
Captura corporativa y economía del genocidio
Las consecuencias de la impunidad corporativa no son abstractas. Se trata de una impunidad estructural, enraizada en la propia arquitectura del modelo capitalista global, y por tanto debe abordarse como un problema sistémico. En todas las regiones, las empresas obtienen beneficios del sufrimiento humano, extrayendo riqueza de la guerra, la represión y la destrucción ambiental globalmente.
Como documenta la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, en su informe de 2025 De la economía de la ocupación a la economía del genocidio (A/HRC/59/23): “Demasiadas entidades corporativas se han beneficiado de la economía israelí de ocupación ilegal, de apartheid y, ahora, de genocidio”, y el informe “pone en evidencia la integración de las economías de la ocupación colonial de asentamientos y el genocidio”, haciendo un llamado a exigir la rendición de cuentas de las entidades empresariales y sus directivos.
La impunidad de estos actores corporativos y de las élites económicas no es exclusiva del caso palestino: refleja un patrón más amplio de complicidad corporativa en crímenes atroces, desde las industrias de armas y vigilancia que facilitan la represión, hasta las grandes empresas de combustibles fósiles y minería cuyas actividades extractivas generan desplazamiento, militarización y colapso climático.
La complicidad corporativa en Gaza pone de manifiesto la conexión entre ecocidio y genocidio
Empresas como Chevron, Eni, Dana Petroleum y Glencore se benefician directamente de los yacimientos de gas otorgados ilegalmente en aguas palestinas y de infraestructuras como el gasoducto Arish-Askalan, que exporta gas a Egipto y la UE. Estas empresas también abastecen de gas al régimen genocida israelí. Incluso en plena ofensiva, estas corporaciones firman nuevos contratos, amplían su producción y obtienen miles de millones, convirtiendo la destrucción ambiental y las matanzas masivas en negocios rentables. Esta impunidad persiste porque no existen normas globales vinculantes que impidan la injerencia corporativa en la formulación de las regulaciones que deberían responsabilizarlas, ni mecanismos universales que sancionen o excluyan a quienes sean cómplices de atrocidades. Así, en el ámbito internacional, los lobbies de los combustibles fósiles participan en las COP en cifras récord, sus agencias de relaciones públicas controlan la comunicación de los países anfitriones y sus asociaciones empresariales —como la Cámara de Comercio Internacional— buscando debilitar el texto del Tratado Vinculante.
Como señalaron la campaña Kick Big Polluters Out y el Center for International Environmental Law —en un llamado respaldado por más de 225 organizaciones de todo el mundo—, el presidente designado de la COP30 ha colocado al sector privado en el centro del proceso, instando a “todas las personas líderes empresariales a reunirse en Belém” y presentando la acción climática como “la mayor oportunidad empresarial de nuestro tiempo”. Este enfoque reduce la crisis climática a una cuestión de mercado, ignorando los riesgos del lavado verde, los conflictos de interés y la interferencia corporativa que desde hace tiempo obstaculizan una acción significativa.
Nuestras demandas conjuntas
1. Fortalecer el Borrador del Tratado sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos
Los Estados deben garantizar que el tratado fije un estándar de referencia en materia de rendición de cuentas, en especial reforzando los artículos 6, 8 y 9 para establecer obligaciones claras, responsabilidad jurídica en distintas jurisdicciones y mecanismos eficaces de reparación para las comunidades afectadas. Se debe resistir la influencia de grupos de presión como la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Organización Internacional de Empleadores (IOE) y el Consejo Empresarial de Estados Unidos para los Negocios Internacionales (USCIB). Los Estados del Sur Global deben ejercer un papel de liderazgo en la elaboración de un tratado que proteja a los pueblos, la naturaleza y el planeta frente al poder corporativo neocolonial.
Este llamado también está en consonancia con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las Obligaciones de los Estados en relación con el Cambio Climático, que reconoció formalmente el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano independiente. Incluir este estándar en el tratado representaría un paso decisivo para cerrar la brecha global en materia de rendición de cuentas corporativa.
2. Incluir sanciones y mecanismos de rendición de cuentas en los marcos de derechos humanos y cambio climático
Tanto el tratado como las decisiones y marcos jurídicos de la COP deben incluir medidas para aplicar sanciones, promover la desinversión, restringir el comercio e imponer consecuencias legales a las empresas que colaboren o faciliten genocidios, crímenes de guerra u otras atrocidades y violaciones graves de derechos humanos. Los Estados implicados en estos crímenes, como el genocidio, también deben ser sancionados y excluidos de espacios de formulación de políticas o toma de decisiones como las negociaciones del tratado o la COP. Los gobiernos deben seguir ejemplos como el embargo colombiano a las exportaciones de carbón a Israel y el embargo energético de España, y respaldar iniciativas impulsadas por los pueblos, como el Embargo Energético Global por Palestina (GEEP). Si ni siquiera el genocidio activa mecanismos de rendición de cuentas y sanción, ¿qué podría hacerlo?
3. Poner fin a la captura corporativa de los espacios de decisión
Las negociaciones del tratado y la COP30 deben suponer un punto de inflexión, y reflejar un:
- Compromiso con espacios libres de corporaciones: sin patrocinios corporativos, promoción de empresas ni influencia en la toma de decisiones derivada de conflictos de interés.
- Compromiso de independencia respecto a las élites económicas: quienes tengan vínculos estrechos con actores corporativos, industrias fósiles o firmas como Edelman en la COP30, o expertos legales relacionados con el sector empresarial en las negociaciones del tratado, no deben tener roles de liderazgo ni asesoramiento.
- Compromiso con el establecimiento de normas contra la captura corporativa: los Estados y organismos de la ONU deben adoptar políticas vinculantes sobre conflictos de interés que protejan los procesos de formulación de políticas de la influencia empresarial, garantizando que todos los espacios de decisión estén libres de industrias con un historial de socavar los derechos humanos y la acción climática.
- Compromiso con la protección de las personas, la naturaleza y la tierra frente a la mercantilización: nuestro planeta y su biodiversidad no pueden seguir tratándose como mercancía ni como oportunidad de lucro.
- Compromiso con la sanción a quienes violen derechos: las empresas y élites corporativas sospechosas de contribuir directa o indirectamente a violaciones de derechos humanos, destrucción ambiental o genocidio deben ser excluidas de la COP, de las negociaciones del tratado y de cualquier foro de política internacional, regional o nacional.
Llamado a los movimientos sociales
Llamamos a los movimientos sociales, sindicatos, pueblos indígenas, personas campesinas y trabajadoras de la tierra, grupos por la justicia climática y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a unirse para exigir que los Estados prioricen los derechos humanos por encima del lucro empresarial, desmantelen la impunidad y construyan sistemas vinculantes de rendición de cuentas —desde las zonas de primera línea de la crisis climática hasta las del genocidio. Otro mundo es posible, pero solo si rompemos el control del poder corporativo y nos organizamos por la justicia, la dignidad y la protección del planeta.
