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Tratado para regular el poder corporativo

En todo el mundo, personas y comunidades sufren abusos sistemáticos y generalizados de sus derechos humanos relacionados con las actividades empresariales. Esta tendencia se intensifica por la falta de regulación efectiva tanto en los Estados de origen como en los Estados anfitriones de las empresas, así como por la falta de acceso a mecanismos de reparación y rendición de cuentas. Durante más de una década, la Red-DESC ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de un marco internacional claro y completo sobre la responsabilidad corporativa en materia de derechos humanos, incluyendo un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas. 

El tratado vinculante, también conocido como borrador de tratado, es un instrumento internacional diseñado para abordar los abusos y violaciones de derechos humanos y medioambientales causados por las empresas. Su objetivo es mejorar el acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas por abusos empresariales, como la apropiación de tierras, la puesta en riesgo de vidas, la destrucción de recursos naturales y las condiciones laborales similares a la esclavitud.

Historia del movimiento por el Tratado

En 2013, la Red-DESC organizó el primer Foro de los pueblos sobre derechos humanos y empresas, durante el cual nuestra membresía delineó demandas para un enfoque de regulación corporativa basado en los derechos humanos. Esta declaración conjunta de la sociedad civil se convirtió en la primera declaración de la Alianza por el Tratado, que pedía el establecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental dedicado a desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para abordar los abusos corporativos a los derechos humanos y garantizar que las personas afectadas tengan acceso a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación. Más de 1000 signatarios, incluyendo más de 600 organizaciones y 400 defensores individuales de más de 100 países, firmaron la declaración.

TreatyAlliance
Reunión estratégica de la Alianza por el Tratado en Ginebra (octubre de 2022). Crédito @ESCR-Net

En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución 26/9, que estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) con el mandato de desarrollar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre derechos humanos para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Desde entonces, hemos continuado movilizándonos y abogando por un tratado sólido, fomentando medidas nacionales, regionales e internacionales para fortalecer la rendición de cuentas corporativa.

A lo largo de estos años, en el Grupo de trabajo sobre rendición de cuentas corporativa (GTRCC), hemos enfatizado constantemente el papel central de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y los grupos de base en la formulación de regulaciones efectivas, mecanismos de reparación y respuestas ante los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de actores corporativos. También hemos destacado la necesidad de prestar atención a los impactos diferentes y desproporcionados que sufren las mujeres y otros grupos que resisten la marginación y la opresión, incluidos los pueblos indígenas. Además, hemos confrontado cada vez más las causas profundas de los abusos, desafiando la captura corporativa de las instituciones gubernamentales y los espacios de toma de decisiones. Continuaremos desafiando el modelo económico dominante actual y promoviendo alternativas que prioricen los derechos humanos y la protección ambiental por encima de las ganancias.