Comunidades de Hetauda y de otras regiones han denunciado desalojos forzosos, demolición de viviendas, intimidación y obstrucción de la protesta pacífica bajo el pretexto del desarrollo. Las y los residentes estiman que hasta 1.700 viviendas (hogar de más de 24.000 personas) están en riesgo de demolición, aunque las cifras gubernamentales afirman que son 531. Los testimonios describen a familias despertadas por excavadoras, mujeres suplicando que se detengan las demoliciones y residentes dispersados por personal de seguridad que restringe la circulación y la reunión. Defensoras y defensores de derechos humanos que monitorean la situación también han enfrentado amenazas, y algunas personas han sido detenidas.
Resulta particularmente preocupante que las demoliciones continuaran a pesar de una orden de suspensión emitida por el Tribunal Supremo de Nepal el viernes por la tarde, que instruía a las autoridades a detener todas las actividades de desalojo. Sin embargo, a las 6:00 a. m. del sábado 6 de diciembre, viviendas en Hetauda fueron demolidas con maquinaria pesada, en una violación directa de la autoridad judicial. Las comunidades informan que no fueron notificadas del aviso de desalojo de la Oficina de División de Carreteras ni se les permitió ejercer su derecho a impugnar el desalojo por medios legales y pacíficos. La Oficina de División de Carreteras suspendió los “trabajos de ampliación vial” recién el domingo por la tarde, solo después de haber destruido de hecho 531 viviendas y estructuras, argumentando que la notificación escrita oficial del Tribunal Supremo les llegó únicamente en ese momento.
Estas acciones vulneran derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución de Nepal, incluidos los derechos a la vivienda, la propiedad, la igualdad, la justicia, el debido proceso y la dignidad. El Tribunal Supremo ha reafirmado reiteradamente que los desalojos no pueden llevarse a cabo sin una notificación adecuada, consultas participativas, rehabilitación y compensación. El desprecio por el Estado de derecho, las salvaguardas legales y la dignidad humana evidenciado en Hetauda es incompatible con las obligaciones constitucionales y democráticas de Nepal.
Nepal también está obligado por el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe los desplazamientos arbitrarios y exige una protección reforzada para los grupos en situación de vulnerabilidad. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Nepal debe prevenir la falta de vivienda, garantizar consultas significativas y asegurar el acceso a recursos antes de cualquier desplazamiento. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) exigen protección frente a daños desproporcionados a mujeres y niños. Los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo subrayan que el desarrollo nunca debe empeorar las condiciones de vida de las personas.
La situación en Hetauda plantea una urgente cuestión moral y política: si las demoliciones avanzan sin consultas genuinas, compensación, reasentamiento ni garantías de medios de vida, ¿quién asumirá la responsabilidad por el daño a largo plazo infligido a miles de residentes? ¿Y quién se beneficia de este daño?
El verdadero desarrollo no se mide por carreteras más anchas o parques industriales, sino por el respeto a los derechos humanos, la preservación de las comunidades y la distribución equitativa de los recursos y la riqueza. Cualquier proyecto de desarrollo debe ajustarse a las obligaciones constitucionales e internacionales de derechos humanos de Nepal y estar sujeto a evaluaciones de impacto en derechos humanos, de género y ambientales, con la participación de las comunidades afectadas.
La Red-DESC insta a las autoridades del Gobierno de Nepal a implementar de inmediato la orden de suspensión del Tribunal Supremo, detener de forma inmediata todos los desalojos, garantizar una compensación y un reasentamiento justos y equitativos, y asegurar consultas significativas con las comunidades. Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno para que se abstenga de la intimidación o criminalización de residentes y defensoras y defensores de derechos humanos, y para que se rindan cuentas por las demoliciones ejecutadas en contra de la orden del Tribunal Supremo.
La Red-DESC reúne a más de 300 movimientos sociales, grupos de base, organizaciones indígenas y comunitarias, ONG y académicas y académicos en más de 80 países, comprometidos con el avance de la justicia y la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde hace más de dos décadas, la Red acompaña a comunidades que enfrentan despojo de tierras, desalojos forzosos, destrucción ambiental y criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Es en este contexto global que alzamos la voz de alarma ante los recientes acontecimientos en Nepal.
