Economía Política de la Violencia: El rol de las empresas, las fuerzas de seguridad del Estado y los bancos de desarrollo en el asesinato de Berta Cáceres

Con motivo de la presentación del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), realizada el 12 de enero en Tegucigalpa, desde la Red-DESC expresamos nuestra solidaridad firme e inquebrantable con la familia de Berta Cáceres; con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), miembro de la Red; con la comunidad lenca de Río Blanco; y con Gustavo Castro, líder comunitario y sobreviviente del atentado en el que fue asesinada Berta Cáceres. Honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con su lucha y la de su pueblo en defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos.

Reconocemos y respaldamos el acompañamiento jurídico sostenido del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también miembro de la Red, cuyo trabajo ha sido fundamental para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia integral y la reparación, así como para confrontar los patrones estructurales de impunidad que persisten en este caso. Desde la Red-DESC instamos al Estado hondureño a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar justicia para Berta Cáceres y el COPINH, y adoptar garantías efectivas de no repetición, incluyendo el cese de la criminalización y la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y los territorios.

El Informe Final del GIEI establece que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación criminal deliberadamente planificada y ejecutada, inscrita en un contexto más amplio de violencia patriarcal estructural, militarización, corrupción e impunidad. La investigación confirma que el crimen estuvo directamente vinculado a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y a los intereses económicos de la familia Atala Zablah y su entramado corporativo, e identifica la participación de directivos empresariales, sicarios, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como el uso de estructuras financieras complejas para canalizar y ocultar recursos asociados al crimen.

Tal como recoge InSight Crime en su artículo “Informe coloca a bancos internacionales y élites de Honduras en el centro del asesinato de Berta Cáceres”, los procesos judiciales derivados del crimen han resultado en la condena de ocho personas por su participación directa. Entre ellas se encuentra Roberto David Castillo Mejía, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y vinculada al grupo empresarial Atala Zablah. También fue condenado el entonces jefe de seguridad de la compañía por su papel en la planificación y facilitación del asesinato. Sin embargo, la respuesta estatal del caso ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, debido a la falta de avances sustantivos en la investigación y sanción de quienes habrían actuado como autores intelectuales del crimen.

Información incorporada a los expedientes judiciales en años posteriores, incluyendo el análisis de comunicaciones privadas, reveló la existencia de coordinaciones entre el grupo ejecutor del crimen y altos niveles de la estructura directiva de DESA. Estas comunicaciones involucraron a Roberto David Castillo Mejía, a Daniel Atala Midence, director financiero de la empresa, así como a miembros de su junta directiva, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. A la fecha, Castillo Mejía es la única persona de este nivel jerárquico que ha sido condenada.

Como respuesta a la entrega del informe, desde la Red-DESC reunimos las voces de miembros y aliados que han acompañado de manera sostenida el caso y que continúan analizando críticamente sus avances y desafíos.

Como señaló Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT),

el horrendo asesinato de Berta Cáceres en 2016 conmocionó al mundo y puso de manifiesto el fracaso del Estado hondureño a la hora de prevenir el crimen, salvaguardar su vida y crear un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos. El caso sigue exigiendo verdad, justicia y plena rendición de cuentas, así como un cambio real de políticas para proteger los derechos y a quienes los defienden”. 

Para Alexis Deswaef, Presidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), “las conclusiones del informe del GIEI confirman que este asesinato no fue fortuito, sino que formó parte de una estructura criminal en la que estuvieron involucradas autoridades hondureñas. Es fundamental continuar las investigaciones para esclarecer por completo este grave asesinato. Instamos al nuevo Gobierno hondureño a adoptar las recomendaciones del informe destinadas a luchar contra la impunidad y garantizar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Honduras”.

El informe documenta que autoridades estatales tenían conocimiento previo del plan meses antes del asesinato, no adoptaron medidas preventivas pese a contar con alertas claras y oportunas, y posteriormente incurrieron en acciones y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia. Estas conductas constituyen no solo graves violaciones a las obligaciones de debida diligencia del Estado, sino también formas de violencia institucional y de género, al exponer de manera desproporcionada a las mujeres defensoras a riesgos extremos y normalizar los ataques contra quienes desafían el poder corporativo y patriarcal.

Asimismo, establece que fondos provenientes de instituciones financieras internacionales y bancos públicos de desarrollo incluidos, el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fueron desviados sistemáticamente y convertidos en efectivo para financiar vigilancia ilegal, intimidaciones, operaciones armadas contra el pueblo Lenca y, finalmente, el asesinato de Berta Cáceres. El GIEI establece que por el asesinato de Berta se hizo un pago en efectivo de por lo menos 500 mil lempiras ($19,000 USD) mediante 3 cheques que fueron originados de la estructura de malversación de fondos de la empresa de la familia Atala Zablah.

Además, el GIEI establece que dentro del grupo empresarial Inversiones Las Jacarandas, Jacobo Atala y José Eduardo Atala fueron designados específicamente para dar seguimiento directo y asumir la responsabilidad del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de la inversión asociada. Asimismo, Daniel Atala, hijo de José Eduardo, fue encomendado como responsable de la gestión financiera del proyecto y de la empresa. Este involucramiento directo demuestra que la familia Atala tuvo conocimiento previo, control operativo y responsabilidad en las decisiones empresariales vinculadas al proyecto que terminaron en el asesinato de Berta.

Estos hallazgos evidencian un patrón grave de complicidad empresarial, financiera y estatal, y confirman cómo la captura corporativa de instituciones públicas y financieras facilita violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Además, este caso constituye una expresión de lo que miembros de la Red-DESC han descrito como la Economía Política de la Violencia (EPV): un entramado estructural en el que intereses corporativos, elites políticas, instituciones financieras, fuerzas de seguridad del Estado y actores criminales convergen para imponer proyectos extractivos a costa de los derechos colectivos, el territorio y el derecho a la vida.

Esta lectura estructural de la violencia también resuena en las palabras de Alfred Lahai Gbabai Brownell Sr., presidente fundador de Global Climate Legal Defense (CLiDeF) y ganador del Premio Goldman para África, quien subraya que el informe del GIEI expone “la desviación de fondos de instituciones financieras internacionales y bancos públicos de desarrollo para sostener actividades ilegales como vigilancia, intimidación, conflictos armados y, finalmente, el asesinato de Berta Cáceres”. Para Brownell, lejos de ser solo un ejercicio de memoria, la búsqueda de justicia por Berta es un llamado urgente a romper las culturas de impunidad que siguen habilitando la violencia contra quienes defienden la tierra y los territorios.

A casi una década del crimen, sostiene, la persistencia de estas luchas demuestra que la justicia para Berta Cáceres es inseparable de la defensa de los derechos indígenas y de la soberanía ambiental a nivel global. Su legado, afirma, continúa inspirando redes de resistencia y mecanismos de protección comunitarios y legales frente a megaproyectos extractivos impuestos mediante la violencia.

Para Sandra Patargo, Coordinadora de Protección para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en Front Line Defenders, el caso de Berta Cáceres es quizás el más emblemático y representativo de la crisis de violencia ligada a los intereses corporativos y estatales hacia las comunidades y personas que defienden la vida en la región.

La justicia impuesta a todos los responsables e implicados, la reparación integral y la cancelación permanente del Proyecto Agua Zarca no pueden ser negociables. Solo con la justicia para Berta podremos imaginar justicia para los pueblos violentados y saqueados. Las organizaciones que hemos caminado cerca del COPINH todos estos años lo seguiremos haciendo hasta que haya justicia para Berta”, dice Patargo.

El carácter estructural de esta violencia queda aún más claro en las palabras de Francisco Morales, de la coordinación del Consejo del Pueblo Maya (CPO):

“El informe confirma el carácter criminal del modelo económico extractivista neoliberal, que privilegia los intereses corporativos por encima de los derechos colectivos de los pueblos y la vida de las personas. Este modelo se impone en complicidad con el Estado que, en lugar de proteger a la ciudadanía, se convierte en operador delincuencial de las empresas. Se pudo evitar el asesinato de nuestra hermana Berta, pero el Estado lo permitió.”

A casi una década del crimen, persisten las condiciones estructurales que lo hicieron posible: la falta de reconocimiento pleno y de titulación del territorio colectivo lenca de Río Blanco; la vigencia de la concesión del proyecto Agua Zarca; la ausencia de rendición de cuentas de todos los autores intelectuales, materiales y financieros; y la falta de reparaciones integrales, colectivas y transformadoras.

La justicia para Berta Cáceres es inseparable de la justicia para las mujeres indígenas, las defensoras del territorio y las comunidades que continúan enfrentando violencia por defender la vida. Por ello, las reparaciones y las garantías de no repetición deben ser interseccionales y centradas en las comunidades, abordando no solo el daño individual, sino también los impactos colectivos, de género e intergeneracionales de la violencia.

Desde la Red-DESC respaldamos plenamente los hallazgos y recomendaciones del GIEI. Exhortamos al Estado de Honduras a implementarlos de manera urgente e integral, incluyendo:

• Investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables.
• Revocar todos los instrumentos jurídicos que sostienen el proyecto Agua Zarca y disolver DESA.
• Demarcar y titular el territorio lenca.
• Establecer reparaciones integrales.
• Adoptar garantías efectivas de no repetición, incluyendo obligaciones vinculantes de debida diligencia en derechos humanos para empresas e instituciones financieras.

El legado de Berta Cáceres vive en la lucha colectiva por la tierra, el agua, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos. Nos sumamos al COPINH y a la familia de Berta Cáceres en la exigencia de verdad, justicia, reparación integral y transformaciones estructurales.