Expresamos nuestra solidaridad con Alexander Philip “Chakoy” Abinguña, Frenchie Mae Cumpio, Marielle Domequil, Mira Legion y Marissa Cabaljao, conocidas colectivamente como el Tacloban 5.
Recordamos su detención injusta y arbitraria el 7 de febrero de 2020, cuando fuerzas policiales y militares conjuntas del gobierno filipino allanaron oficinas de organizaciones populares en la ciudad de Tacloban, Leyte, Filipinas, utilizando órdenes de registro defectuosas.
Mira Legion y Marissa Cabaljao obtuvieron posteriormente la libertad bajo fianza. Alexander Philip Abinguña, Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil, por su parte, soportaron años de detención por cargos maliciosos y fabricados. Además, se presentaron nuevos casos igualmente infundados, incluidos cargos falsos de asesinato y acusaciones de financiamiento del terrorismo.
El 22 de enero de 2026, Cumpio y Domequil fueron absueltas de los cargos por posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, una victoria frente a la práctica descarada de plantar pruebas contra personas presas políticas. Sin embargo, fueron condenadas injustamente por financiamiento del terrorismo y sentenciadas a entre 12 y 18 años de prisión. Esto ocurrió pese a que, en octubre de 2025, un tribunal de apelaciones determinó que el Consejo contra el Lavado de Dinero no tenía base legal para incautar los fondos “confiscados” a Cumpio y Domequil, destinados a su trabajo humanitario y periodístico. Las defensas de Cumpio y Domequil apelarán la condena ante instancias superiores.
Mientras tanto, Abinguña continúa enfrentando dos cargos fabricados por doble homicidio y tentativa de homicidio, presentados en Laoang, Samar del Norte, basados únicamente en el testimonio perjurado de un supuesto “retornado rebelde” y “testigo profesional”. Se espera que Abinguña enfrente juicio en los próximos meses.
El caso del Tacloban 5 pone de relieve cómo las leyes antiterroristas son instrumentalizadas para silenciar la disidencia, atacar la libertad de prensa y estigmatizar el trabajo humanitario. Revela un patrón más amplio de represión estatal mediante el uso de pruebas plantadas, juicios prolongados y detenciones extensas, así como el “red-tagging” continuo para silenciar e intimidar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizadoras comunitarias. Su situación refleja la de casi 700 personas presas políticas en Filipinas y forma parte de ataques sistemáticos contra los derechos a la libertad de expresión, asociación, circulación y libertad personal.
Al cumplirse seis años de su detención injusta el 7 de febrero de 2026, exigimos rendición de cuentas y justicia para el Tacloban 5, así como para el resto de las personas presas políticas que continúan encarceladas y para quienes siguen siendo perseguidas por delitos que no cometieron.
Exigimos al gobierno filipino que ponga fin a la persecución política, a los ataques contra los derechos fundamentales de la población y a la injusticia contra el Tacloban 5 y el pueblo filipino que defiende sus derechos básicos.
Exigimos:
Libertad para el Tacloban 5
Retiro de todos los cargos fabricados contra el Tacloban 5
Libertad para Alexander Philip Abinguña, Frenchie Mae Cumpio y Marielle Domequil
Libertad para todas las personas presas políticas
