México: Carta colectiva urge al Gobierno a defender los derechos del tribu Yaqui
El 9 de octubre, la Red-DESC envío una carta al Gobierno de Mexico junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar en la que le instan a cumplir inmediatamente con las órdenes vinculantes de la Corte Suprema en relación al proyecto del Acueducto Independencia y parar con la criminalizacion de defensores de derechos humanos del Tribu Indigena Yaqui del Estado de Sonora.
La carta, enviada al Secretario de Gobernación, al Gobernador del Estado de Sonora, al Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Procurador Federal de Protección al Ambiente, entre otros políticos de México, expresa la preocupación de la Red-DESC por la operación por parte del gobierno mexicano del proyecto “Acueducto Independencia” en el Estado de Sonora, que ha causado graves violaciones de derechos humanos a 45.000 miembros de la comunidad indígena Yaqui.
La misiva denuncia el incumplimiento de la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 8 de mayo de 2013 que reconocía el derecho de la tribu Yaqui a ser consultada respecto a los probables impactos sobre los derechos humanos relacionados con el proyecto, y en cuya aclaración posterior advirtió que “en caso de que la operación del Acueducto Independencia ocasionase un daño irreparable a la tribu Yaqui, este debería ser suspendido”. Ambas decisiones judiciales constituyen un reconocimiento legal directo del principio de consulta efectiva, dentro del marco internacional de los derechos humanos.
Según la Red-DESC, la actual conducta del gobierno de México pone en riesgo para la tribu Yaqui varios derechos humanos interrelacionados, entre ellos el derecho al acceso a agua y alimentación, derecho al goce del mayor nivel posible de salud física y mental, derecho a un ambiente saludable y derecho a la autodeterminación. El proyecto Acueducto Independencia ha causado una significativa desposesión de los recursos naturales de agua pertenecientes a la tribu Yaqui, originando innumerables problemas a la comunidad.
Criminalización de los defensores de los derechos humanos
La carta, además, expresa su preocupación por los recientes informes de violaciones de los derechos humanos contra miembros de la comunidad yaqui mientras ejercían su derecho a protestar pacíficamente contra el proyecto.
En concreto, se denuncia la situación de Mario Luna Romero, líder de la comunidad Yaqui del Estado de Sonora, y de Fernando Jiménez Gutiérrez, también miembro de la tribu Yaqui. Ambos se encuentran detenidos y con riesgo de ser sometidos a un juicio injusto y afrontar una detención prolongada.
Tal conducta del Estado de Sonora supone una violación de los derechos de libertad de expresión, derecho a reunirse pacíficamente, derecho a ser tratado humanamente y el derecho a un juicio justo, entre otros.
Solicitud urgente a las autoridades mexicanas
La Red-DESC insta en su carta al gobierno de México a que adopte con urgencia las siguientes medidas en relación al proyecto del Acueducto Independencia:
1. Cumplir inmediatamente con las órdenes vinculantes de la Corte Suprema contra el gobierno mexicano así como con las recomendaciones previamente efectuadas al gobierno mexicano por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y asegurar el derecho de la comunidad yaqui a la consulta efectiva en relación con sus derechos al agua y a las tierras ancestrales, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
2. Conforme a sus obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos, adoptar medidas urgentes y resolver las violaciones existentes y potenciales de los derechos humanos que sufre la comunidad yaqui en relación con el Acueducto Independencia, según se indicó anteriormente y respecto de toda violación adicional.
3. Tomar medidas para mitigar los efectos adversos sobre los derechos humanos, incluyendo reparaciones o compensaciones justas y equitativas.
4. Asegurar que se les garantice a los Sres. Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, y a cualquier otro miembro de la tribu yaqui detenido, seguridad mientras estén privados de la libertad y el derecho a un juicio justo, incluyendo la imparcialidad de todas las investigaciones penales y el derecho a no ser sometidos a cargos penales motivados políticamente.
5. Investigar y resolver toda acusación de acoso y/o violencia contra los miembros de la Comunidad Yaqui que participen de protestas pacíficas y/o acciones legales.
La carta completa puede consultarse aquí.
Para consultar el comunicado de prensa, haga click aquí.