Comisión Africana otorga histórica compensación de 2,5 millones de dólares a víctimas de masacre en la RDC

La Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos halló al gobierno de la República Democrática del Congo responsable por la masacre de 2014 en la que perecieron más de 70 personas en Kilwa, en el sureste del país, y otorgó una histórica compensación de $2,5 millones de dólares a las víctimas y sus familias.

La denuncia, en representación de ocho de las víctimas, fue presentada ante la Comisión Africana en Noviembre de 2010 por los miembros de la Red-DESC Rights and Accountability in Development (RAID), Action Against Impunity and Human Rights (ACIDH) y el Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA). El mes pasado la Comisión envió a las partes comunicaciones en francés informando sobre su decisión.

kilwa_anvil_mining.png

Una compañía minera australiano-canadiense, Anvil Mining, que operaba una mina de cobre y plata en Dikulushi, a 50 kilómetros de Kilwa, fue amonestada públicamente por su participación en las violaciones, que incluyó brindar apoyo logístico a soldados que atacaron indiscriminadamente a pobladores civiles, ejecutaron sumariamente al menos 28 personas y muchas otras personas desaparecieron luego de que un pequeño grupo de rebeldes armados trataron de tomar el control del pueblo. La Comisión urgió al gobierno Congolés para que inicie una nueva investigación penal y “tome todas las medidas necesarias para acusar penalmente y castigar a los agentes del estado y al personal de Anvil Mining”.

En una decisión sin precedentes, la Comisión encontró que el gobierno congolés violó nueve provisiones sobre derechos humanos contenidas en la Carta Africana, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, arrestos arbitrarios, desapariciones y desplazamiento forzosos, entre otros. Otorgó a las ocho víctimas mencionadas en la denuncia una compensación por $2,5 millones de dólares, la más alta jamás otorgada por la Comisión Africana. Alentó al gobierno congolés a identificar y compensar a otras víctimas y sus familias que no tomaron parte en esta denuncia pero que también fueron directamente afectadas por el ataque.

La Comisión declaró que el gobierno congolés debería disculparse formalmente con el pueblo de Kilwa, exhumar y sepultar dignamente los cuerpos que fueron arrojados a una fosa común, construir un memorial, ofrecer consejería psicológica a las personas afectadas y reconstruir las escuelas, el hospital y otros edificios que fueron destruidos durante el ataque. Solicitó al gobierno congolés que informe a la Comisión, en un plazo de 180 días (o hasta el 17 de diciembre de 2017) qué acciones ha tomado para implementar estas recomendaciones.

Esta decisión es el resultado de una batalla legal de 13 años buscando justicia para las víctimas y sus familias, quienes aún no han visto a ningún soldado ni funcionario de la compañía ser llevado ante la justicia. La Comisión encontró que funcionarios congoleses de alto rango interfirieron en el proceso judicial en el Congo y no cumplieron con garantizar que las víctimas reciban justicia imparcial e independiente.

La Comisión fue particularmente dura acerca del juicio militar congolés llevado a cabo en 2006 que desestimó los cargos contra tres funcionarios de la compañía Anvil Mining y exoneró al Coronel Ademar Ilunga, oficial comandante a cargo de los soldados en Kilwa. En su veredicto, la Corte Militar Congolesa intentó justificar los abusos de los soldados basándose en la presunción de que el pueblo de Kilwa apoyaba a los rebeldes.

La compañía Anvil Mining empezó a trabajar en la mina Dikulushi en 2002. La mayoría del personal fue evacuado luego de un levantamiento menor en Kilwa y la compañía facilitó un avión y vehículos para transportar a unos 150 soldados hacia Kilwa, En 2010 la mina Dikulushi fue vendida a Mawson West, una pequeña minera australiana. En enero de 2015 Mawson West detuvo la producción industrial en Dikulushi, declarando que la mina ya no era económicamente viable.