Guatemala: Ante la posesión presidencial de Bernardo Arévalo, instamos a garantizar transición de poder y detener la criminalización de defensores de DDHH

En esta carta, dirigida al Presidente de Guatemala, y a los presidentes de la Corte de Constitucionalidad y del Congreso de la República, pedimos que se garantice la transición de poder en el país, y que se ponga fin a la instrumentalización del poder judicial para socavar la democracia. 

En la carta, condenamos enérgicamente los continuos intentos de las autoridades guatemaltecas de invalidar los resultados electorales del 20 de agosto de 2023 y de impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tomé posesión de su cargo este 14 de enero de 2024.

También exigimos al gobierno que ponga fin a la criminalización de las luchas sociales y garantice los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala. Activistas de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, periodistas independientes, líderes sindicales, fiscales y jueces siguen sufriendo graves violaciones a sus derechos y han sido acusados penalmente sin fundamento por el Ministerio Público de Guatemala. 

La carta está dirigida al Dr. Hector Hugo Perez Aguilera, Magistrado Presidente de la Corte de Constitucionalidad; Dr. Alejandro Giammatei, Presidente de la República de Guatemala y Shirley Joanna Rivera Zaldaña, Presidente del Congreso de la República.

Con copia a Dina Josefina Ochoa Escribá, Magistrada de la Corte de Constitucionalidad; Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, Magistrado de la Corte de Constitucionalidad; Leyla Susana Lemus Arriaga, Magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

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Asunto: Necesidad urgente de garantizar los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos y la integridad del proceso democrático y el Estado de Derecho

Señor Presidente, Magistradas/os de la corte de constitucionalidad y Señoras/es diputadas/os:

Le escribimos en nombre de la Red-DESC - Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una red mundial de más de 300 ONG, movimientos sociales y activistas en más de 75 países que trabajan para garantizar la justicia económica y social a través de los derechos humanos. La Red-DESC pretende fortalecer el ámbito de todos los derechos humanos, con especial atención a los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales, y seguir desarrollando las herramientas para lograr su promoción, protección y cumplimiento.

Condenamos enérgicamente los continuos intentos de grupos de poder a través del Ministerio Público y otros funcionarios guatemaltecos de invalidar los resultados electorales llevados a cabo el 20 de agosto de 2023, suspender arbitrariamente el estatus legal del partido Movimiento Semilla e impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tomé posesión de su cargo el 14 de enero de 2024. Según la misión de observación electoral de la OEA, las supuestas irregularidades cometidas durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales guatemaltecas carecen de todo fundamento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, instó inter alia “a todos los poderes públicos a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de Derecho” y el cese del “uso indebido el derecho penal incluyendo las denuncias infundadas con fines político-electorales de conformidad con los estándares interamericanos.”

Las autoridades guatemaltecas deben cumplir sus obligaciones legales de impedir los abusos de poder y respetar los derechos humanos. El 12 de septiembre de 2023, el Ministerio Público allanó las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, abriendo cajas de votos en una afrenta a la ley. Hacemos un llamamiento a las instituciones pertinentes de Guatemala a que impidan los continuos ataques contra el derecho al voto y la ulterior instrumentalización del poder judicial para socavar la democracia.

En octubre de 2023, surgió una nueva oleada de protestas en respuesta a los procedimientos judiciales iniciados por el Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla. Según los informes, las manifestaciones en todo el país fueron pacíficas y permitieron el paso de ambulancias y productos perecederos en muchas localidades.

El Consejo del Pueblo Maya CPO, denunció el 2 de octubre las agresiones físicas que sufrieron Mariola Caal y Kelly Caal, integrantes de su coordinación, por parte de la Policía Nacional Civil en Alta Verapaz en el marco del inicio de las manifestaciones. El 4 de octubre del 2023, Prensa Comunitaria Kilómetro 169 denunció casos de represión policial en la zona del Puerto Quetzal, departamento de Escuintla, en los que policías antimotines y camioneros agredieron a manifestantes. Alida Vicente, autoridad del Municipio Indígena de Poqomam en Palín, Escuintla, afirmó que el Comisionado de Escuintla autorizó el uso de la violencia para dispersar a los ciudadanos, lo que provocó heridos. El mismo día, en Ciudad de Guatemala, un grupo de personas que cubrían sus rostros con máscaras llegó a la sede del Ministerio Público para desalojar por la fuerza a cientos de personas que realizaban un plantón pacífico para exigir la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras.

Además, varios activistas de derechos humanos, mujeres defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, periodistas independientes, dirigentes sindicales, fiscales y jueces han sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos y acusaciones penales infundadas por parte del Ministerio Público. Numerosas investigaciones contra personas abogadas, fiscales y jueces parecen ser actos de represalia por motivos políticos por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, como han observado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. 

Según Prensa Comunitaria Kilómetro 169, este año se ha producido un notable aumento de la frecuencia de las agresiones contra periodistas. Hasta septiembre de 2023, se habían denunciado al menos 215 incidentes. Entre estos, hay 39 casos de acoso judicial, 49 casos de restricciones a la información pública, 29 ciberataques, 13 agresiones físicas y cuatro periodistas han sido desplazados. Además, la decisión de 11 de octubre de 2023 de la Corte de Constitucionalidad ha significado una restricción sustancial incompatible con los derechos a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión y protesta pacífica conforme estándares internacionales.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos prevé expresamente "la protección por la autoridad competente de toda persona, individual o colectivamente, contra toda violencia, amenaza, represalia, discriminación de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus derechos".

Además, como observado por el Relator Especial por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, “[e]l derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno, a su situación particular, así como por el acceso y cumplimiento a los derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.” Por lo tanto, “[e]s esencial que en todos los niveles y agencias los Estados respeten y garanticen que nadie será criminalizado por ejercer los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones y protestas; así como tampoco será objeto de amenazas, hostigamiento, violencia, persecución o represalias por participar en protestas.” El derecho a la protesta se fundamenta en los derechos humanos a la participación política y a la libertad de expresión, asociación, opinión, y reunión, entre otros; tales derechos se encuentran garantizado en los artículos 18, 19, 21, 22 y 25 del PIDCP y 13, 15, 16, y 23 de la Convención Americana.

El PIDCP (art. 25) y la CADH (art. 23) garantizan también a todo ciudadano guatemalteco el derecho de “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.” Conforme aclarado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, este derecho implica que “las elecciones deben ser libres y equitativas, y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto” y “[l]os resultados de las elecciones auténticas deberán respetarse y ponerse en práctica.”

Esos estándares del derecho internacional, como parte del derecho interno de Guatemala en función del artículo 46 de la constitución, fundamentan el deber del Estado, y todos sus agentes y órganos de cada poder, de respetar y asegurar a la voluntad de las personas electoras, garantizar los derechos de personas defensoras de los derechos humanos y prevenir cualquier tentativa de golpe vía la criminalización y abuso de instrumentos de justicia.

Por lo anterior, la Red-DESC hace un llamamiento a los Organismos del Estado de Guatemala para que:   

• Se garantice la integridad del proceso democrático en Guatemala, la transición de poder y el orden constitucional.     
• Se ponga fin a los abusos de poder y la instrumentalización del Ministerio Público para socavar el proceso electoral, el derecho a la libre expresión y a la protesta. 
• Se garantice integralmente los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, se ponga fin a la criminalización de las luchas sociales y se asegure justicia y reparación por las violaciones sufridas.

Respetuosamente,

Chris Grove, Director Ejecutivo, Red-DESC - Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales