El COVID-19 ha revelado una crisis de salud pública de larga data que no es más que otro aspecto de una mayor crisis del modelo socioeconómico dominante. Este modelo abarca formas sistémicas de opresión, la mercantilización de la salud y el trabajo de cuidados, el debilitamiento de las protecciones sociales y la austeridad fiscal promovida por la lógica neoliberal, debilitando la realización de los derechos económicos y sociales. Muchas respuestas de gobiernos no solo priorizan los intereses privados frente a los derechos humanos, sino que profundizan las desigualdades históricas y refuerzan formas de opresión entrecruzadas. Como lo destaca Fundación Promoción Humana, “no deberían ser las mujeres quienes terminan asumiendo las consecuencias de la crisis; esta debería ser una oportunidad para el cambio transformador en lugar de un escenario de regresión en el cumplimiento de los derechos de las mujeres”.
La pandemia no discrimina, pero los sistemas de opresión interseccionales, sí. Como lo enfatizó APWLD, “las mujeres de todas las diversidades se llevan la peor parte de esta crisis, sufriendo formas múltiples e interseccionales de discriminación, exclusión y violencia. El efecto de esta crisis de salud pública que conduce a (y fue originado por) una crisis interrelacionada económica, social y política se está volviendo muy evidente, y las comunidades más marginadas son las que más sufren”. De manera similar, AWID observó cómo “el racismo, la xenofobia y la discriminación en todas sus formas relacionadas con el coronavirus han dejado en evidencia que las pandemias son […] en última instancia una lucha contra la cultura y los sistema de discriminación”. Las mujeres también corren mayor riesgo de infectarse con el COVID-19 debido a que están representadas desproporcionalmente entre los trabajadores de la salud y/o en los trabajos de cuidado no remunerados.
Las lagunas de los sistemas de protección social se traducen en mayores cargas de trabajos de cuidado para las mujeres, lo que profundiza la distribución social ya injusta de los trabajos de cuidado no remunerados, refuerza las normas patriarcales y aumenta la violencia doméstica. Cuando los Estados aplican recortes en los servicios públicos para redistribuir recursos a fin de enfrentar la pandemia aumenta el trabajo no remunerado de las mujeres. El capitalismo neoliberal no ha podido satisfacer las necesidades básicas de la gente, incluyendo el acceso a atención médica de calidad y protección social universal; como sugiere IWRAW-AP, “los servicios de salud, comprometidos desde antes en muchos países por las recomendaciones de austeridad de instituciones financieras internacionales, están sometidos a una gran presión”. Los cierres de escuelas y las medidas de distanciamiento social revelan “la ausencia de un apoyo adecuado para los servicios de cuidado” y refuerzan “las normas patriarcales y de género del trabajo de cuidados no remunerado”, dado que numerosos servicios y bienes públicos han sido “objeto de la ‘búsqueda de ganancias’ y, en consecuencia, privatizados” por medio de programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, como destacó APWLD. IWRAW-AP señala a su vez que “se reconoce qué tipo de trabajo realmente es importante; el trabajo que siempre se ha dado por sentado”. Muchos miembros también destacan un aumento en los incidentes de violencia doméstica y dificultades para obtener reparaciones en el marco de las medidas de distanciamiento social, así como violencia y acoso contra las mujeres que trabajan en el sector de la salud.