Red-DESC, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitó a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, que intervenga como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en un caso relacionado con el financiamiento de la educación superior pública.

La presentación sostiene que Argentina atraviesa una grave regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en particular respecto del derecho a la educación superior. Según las organizaciones, desde la asunción del presidente Javier Milei, el sistema universitario público ha sido afectado por recortes presupuestarios, pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, deterioro de las becas estudiantiles y una reducción sostenida de los recursos destinados a garantizar el funcionamiento de las universidades.

La solicitud se centra en el incumplimiento de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario y Recuperación Salarial. A pesar de haber sido aprobada por el Congreso y promulgada tras el rechazo legislativo al veto presidencial, el Poder Ejecutivo se ha negado a implementarla. Posteriormente, los tribunales federales ordenaron su aplicación mediante medidas cautelares, pero el gobierno continuó impugnando esas decisiones y llevó el caso ante la Corte Suprema.

La carta argumenta que esta situación vulnera las obligaciones asumidas por Argentina en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que prohíbe medidas regresivas y exige a los Estados destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar progresivamente los derechos económicos y sociales.

Las organizaciones también advierten que el desfinanciamiento afecta de manera desproporcionada a estudiantes de bajos ingresos, mujeres con responsabilidades de cuidado, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas trans y no binarias, migrantes y quienes viven en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Ante este escenario, Red-DESC, ACIJ y CELS solicitaron a la Relatora Especial que intervenga para contribuir a clarificar los estándares internacionales aplicables al derecho a la educación superior y a la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. También pidieron que considere recomendar medidas urgentes al Estado argentino y dar seguimiento a la situación a través de los mecanismos de Naciones Unidas.

Según la presentación, la intervención resulta particularmente urgente debido a que la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre el caso y a que la implementación de la ley permanece suspendida mientras se espera una decisión definitiva.