Environmental Rights

Solapas principales

La Corte Constitucional de Colombia revisó el caso relativo a una acción de tutela (acción de protección de derechos constitucionales) en la cual se analizaba si las actividades de la empresa minera Drummond afectaban los derechos a la vida, al medio ambiente, a la intimidad y a la salud del peticionario y su familia. El peticionario y su familia viven cerca de la mina a cielo abierto Pribbenow ubicada en La Loma, municipio El Paso del departamento de Cesar, en el Norte de Colombia.

Individuos y comunidades de la etnia indígena Diaguita, habitantes de la cuenca alta del río Huasco, de la Región de Atacama en Chile, presentaron una acción de protección de garantías constitucionales contra Compañía Minera Nevada SpA, (subsidiaria de la empresa Canadiense Barrick Gold) y contra la Comisión de Evaluación Ambiental en Chile.

En el año 2010 el Estado Mexicano impulsó la construcción y operación del proyecto llamado “Acueducto Independencia”, el cual pretende trasvasar desde la presa “El Novillo” (en la cuenca del Río Yaqui) alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua  hasta la cuenca del Río Sonora, para la ciudad de Hermosillo, Sonora. El proyecto consiste en la construcción de una obra de toma en la presa “El Novillo”, una estación de rebombeo, un acueducto de acero para la distribución de agua nacional y una línea de transmisión eléctrica.

En julio de 2004 un grupo de vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo interpusieron demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas para obtener indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la Cuenca, cese de la contaminación y recomposición del medio ambiente.

En este caso, la South Fork Band y otras comunidades de Western Shoshone habían apelado una decisión de un tribunal inferior que les negaba una medida cautelar[1] contra la construcción de la mina de oro.

Varios menores representados por sus padres presentaron una demanda contra el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitando cancelar los contratos existentes en el país de licencias de explotación forestal y frenar la emisión de nuevas licencias. Se adujo que la deforestación y el daño ambiental resultantes violaban sus derechos constitucionales a una ecología equilibrada y saludable, y a la salud (artículos 16 y 15, parte II de la Constitución).

La presentación denunció que el gobierno militar de Nigeria era responsable de, entre otras cosas, violaciones del derecho a la salud, el derecho a disponer de la riqueza y los recursos naturales, el derecho a un medio ambiente limpio y los derechos de familia, debido a que condonaba y facilitaba las operaciones de empresas petroleras en tierras del pueblo ogoni.  

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén,  interpuso una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio. En la acción solicitó que se obligue al Estado a proveer agua potable en cantidad necesaria para la supervivencia de la población afectada, a realizar el diagnóstico y tratamiento de los menores afectados, y adoptar las medidas pertinentes para impedir en lo sucesivo la contaminación del suelo y el agua.

En 1998, la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Las comunidades habitantes de la provincia de Salta denunciaron violaciones a sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano ante la decisión del Estado de construir un puente internacional y ejecutar un plan de urbanización en su territorio, hechos que modificarían sensiblemente su forma de vida.

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén denunció ante la CIDH la violación del derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición de menor requiere, de los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la propiedad de la tierra, y a la provisión de recursos judiciales efectivos. La Defensora Oficial había interpuesto una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio.