En tres casos, los demandantes y las organizaciones de interés público cuestionaron las leyes de sucesión que favorecían a los hombres; los derechos de las mujeres y niños africanos a heredar; la Black Administration Act [Ley de la Administración Negra] que reconocía el derecho consuetudinario de sucesiones discriminaba entre razas; las reglas del derecho consuetudinario sobre el primogénito varón era discriminatoria en términos de raza, género y origen.
El caso tiene el efecto práctico de que se anularon las leyes discriminatorias. Sin embargo, Michelle Sullivan, del Women's Law Centre, comenta que el desafío es asegurar la implementación de la decisión, dado que las mujeres y niñas afectadas viven en zonas rurales y muchos patrimonios sucesorios se resuelven de manera informal. Estos beneficiarios pueden iniciar reclamos por enriquecimiento, pero requieren de gran asistencia de parte de funcionarios y magistrados. Ver el artículo de Sullivan citado a continuación.
La orden de la Corte es significativa, dado que anula de manera concluyente la discriminación contra las mujeres, niñas y hombres que no sean el pariente varón de más edad en base a la raza, el sexo, el género, el origen social y el nacimiento. Michelle Sullivan señala que ayudará a asistir a viudas e hijos para que no sean desalojados de la vivienda familiar ante el fallecimiento del marido o padre. La decisión también permitió al gobierno evitar tener que legislar esta área polémica del derecho consuetudinario; el gobierno se unió al caso y simplemente aceptó que cumpliría con la decisión de la Corte. Sin embargo, un juez expresó su disenso parcial y sostuvo que el derecho consuetudinario de la primogenitura masculina no debía ser anulado sino desarrollado de manera tal de adaptarlo al derecho a la igualdad.
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