Summary
Padres hablantes de francés de cinco distritos escolares solicitaron que se ordene que se proporcionen instalaciones y programas de enseñanza de francés en el nivel secundario conforme al artículo 23 de la Carta de Canadá. El juez de instrucción determinó que se estaba violando dicho artículo, porque la provincia no había dado prioridad a tales obligaciones y ordenó que se dedicaran “los mayores esfuerzos” a proporcionar instalaciones y programas escolares dentro de un cierto plazo. La Corte Suprema ya había entendido en Mahe que el artículo 23 impone obligaciones positivas para que los gobiernos movilicen recursos y promulguen legislación a fin de desarrollar estructuras institucionales de importancia. El juez de instrucción retuvo la jurisdicción para recibir informes sobre el avance del trabajo futuro; esta parte de la orden judicial fue apelada por la provincia. El Tribunal de Apelaciones aceptó el recurso y consideró que la Carta no prevé que se extienda la jurisdicción de un tribunal para abarcar el cumplimiento de sus reparaciones.
La Suprema Corte de Canadá sostuvo la apelación y le devolvió al juez de instrucción la orden de reparaciones. La mayoría opinó que los tribunales deben ordenar reparaciones efectivas y adecuadas que garanticen la protección plena y pertinente de los derechos consagrados en la Carta. Los límites del papel adecuado de los tribunales variarán según el derecho de que se trate y, en algunos casos, requieren de la introducción de nuevos recursos. La Corte concluyó que era correcto que el remedio, en este caso, fuera judicial, defendiendo los derechos de los padres, pero dejando en gran medida las decisiones concretas respecto de los medios al poder ejecutivo.
