La presentación denunció que la legislación que otorgaba beneficios de desempleo a hombres casados y no a mujeres casadas era discriminatoria. El Comité sostuvo que la legislación discriminatoria en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales puede violar el derecho a la igualdad consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Legislación discriminatoria en base al sexo y al estado civil.
La señora Zwaan de Wries quedó desempleada en febrero de 1979 y se le otorgaron beneficios de desempleo hasta octubre del mismo año, pero se le negó la asistencia continua prevista por la Ley de Beneficios de Desempleo (WWV) porque era casada y no era el sostén de familia. Los hombres casados podían acceder a los beneficios sin tener que probar que fueran el sostén de familia. La señora Zwaan de Wries argumentó que se le negaban los beneficios debido a su sexo y su estado civil, y que ello representaba una violación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual prevé que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna, a la misma protección legal. El Gobierno respondió que la prohibición de discriminar del artículo 26 no se aplicaba al dominio económico, social y cultural, porque otros tratados internacionales abarcaban esos asuntos (p.ej. el derecho a la seguridad social en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El Comité sostuvo que las cláusulas del PIDCP debían aplicarse plenamente en sus propios términos. El artículo 26 exigía que la totalidad de la legislación no fuera discriminatoria. Ello no requería que un Estado proporcionara seguridad social, sino que asegurara que la legislación promulgada no fuera discriminatoria. La discriminación estaría presente si un tratamiento diferencial previsto por la ley no estuviera basado en criterios razonables y objetivos. La legislación, en este caso, era discriminatoria en base al sexo, dado que la Ley requería que las mujeres casadas cumplieran una condición que no se aplicaba a los hombres casados, por lo que se recomendaba que se brindara un remedio adecuado al demandante. El Comité recibió con agrado una enmienda de 1985 que eliminó dicha condición de la Ley.
La legislación fue modificada el 29 de abril de 1985, antes de que fuera publicada la opinión del Comité, eliminándose el artículo 13(1) que requería que las mujeres casadas comprobaran que eran el sostén de familia o que estaban separadas en forma permanente de su marido.
El caso ha sido citado ampliamente como ejemplo de la aplicación de normas de no discriminación e igualdad a los derechos económicos y sociales. Ver un caso similar resuelto por el Comité al mismo tiempo: S. W. M. Brooks v. the Netherlands. La decisión también sirvió de base para la Observación General sobre el Artículo 26 del Comité de Derechos Humanos, que contiene una extensa interpretación de los derechos a la igualdad y no discriminación conforme al PIDCP. Recientemente, en Young v Australia, el Comité aplicó el caso al acceso a pensiones para parejas del mismo sexo.
Abogado: Sr. D. J. van der Vos (ex) Director del Departamento de Asistencia Jurídica (Rechtskundige Dienst FNV) Amsterdam Holanda
