Pastores indígenas denunciaron que una cantera interfería con su medio de subsistencia tradicional y, por ello, con sus derechos culturales; el Comité opinó que el derecho a la cultura contiene algunas limitaciones a las actividades de desarrollo y que los Estados no pueden llevar a cabo discrecionalmente actividades de desarrollo; pero la minería en este caso no llegaba a constituir una violación del derecho; importancia de las consultas en las actividades de desarrollo.
Este caso es uno de varios presentados ante el Comité por el pueblo indígena Sami relacionados con licencias otorgadas por ministerios del gobierno a empresas para actividades de desarrollo emplazadas en tierras ancestrales, como, por ejemplo, Jouni E. Länsman v Finland, Nro. 671/1995. Como consecuencia, la Corte Suprema de Finlandia ha anulado por lo menos 109 contratos firmados por el Ministerio de Comercio en base a los derechos culturales. Sin embargo, el avance en el campo político ha sido lento y, en 1998, el Comité de Derechos Humanos señaló en sus conclusiones que la Ley Sami propuesta, que convertiría los bosques ubicados en las tierras de los Sami en campos comunales de propiedad de las aldeas Sami, no ha sido aprobada por el Parlamento y la cuestión de los derechos a la tierra de los Sami no ha sido resuelta. En 2005, los Sami presentaron un caso ante el Comité de Derechos Humanos denunciando daños importantes en un área de pastoreo.
El caso es importante para establecer que el derecho de las minorías a la cultura protege sus medios de subsistencia tradicionales, que existe el derecho a consultas previas a las actividades de desarrollo y que tales actividades no deben causar un daño significativo a la cultura.
Abogado: Martin Scheinin, Director of the Institute of Human Rights, Abo Akademi University, Department of Law
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