Solicitud de desalojo conforme a la Ley 19 de 1998 de Prevención de Desalojos y Ocupaciones Ilegales de Tierras (PIE); si el desalojo es “justo y equitativo” considerando las circunstancias del caso; si se pusieron o si podían ponerse a disposición tierras alternativas; obligaciones negativas y positivas respecto del derecho a la vivienda; relación entre los derechos a la propiedad y el derecho a la vivienda de los sin tierra.
La municipalidad de Port Elizabeth presentó una solicitud de desalojo en respuesta a una petición de un vecindario contra 68 adultos y niños que ocupaban viviendas precarias montadas en terrenos privados. Los ocupantes habían vivido en terrenos sin infraestructura durante dos a ocho años y estaban dispuestos a abandonar la propiedad con la condición de recibir un preaviso razonable y un terreno alternativo adecuado. La legislación requería que, antes de que se emita la orden de desalojo, los tribunales debían opinar si “era justo y equitativo que ello ocurra” después de considerar todas las circunstancias pertinentes y, cuando los ocupantes hayan estado en esa situación durante más de seis meses, si se debía o podía poner a disposición una propiedad para el reasentamiento. La municipalidad había iniciado un programa general de desarrollo de viviendas. Basándose en la sentencia de la Corte Constitucional del caso Grootboom, sostuvo que si se la obligaba a proporcionar un terreno alternativo, la Corte estaría requiriendo concretamente un tratamiento preferencial del grupo particular de ocupantes en cuestión. El Tribunal Superior emitió la orden de desalojo, pero, en la apelación, la Corte Suprema de Apelaciones sostuvo que la orden de desalojo no podía emitirse sin tener la seguridad de que los ocupantes accederían a algún grado de posesión o tenencia. Ante la apelación a la Corte Constitucional, ésta entendió que, considerando el prolongado período en que los ocupantes habían vivido en el terreno, el hecho de que el desalojo no era necesario para que el terreno comenzara a utilizarse con fines productivos, la omisión de la municipalidad de considerar los problemas de este grupo particular de ocupantes, y el hecho de que se trataba de un grupo relativamente pequeño de personas que parecían estar genuinamente sin techo y necesitadas, no era “justo y equitativo” ordenar el desalojo. La Corte concluyó que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de satisfacer tanto los derechos a la propiedad (artículo 25) como los derechos a la vivienda (artículo 26), y que los problemas difíciles deben resolverse caso por caso, considerando todas las circunstancias pertinentes, incluyendo la manera en que se había efectuado la ocupación, su duración y la disponibilidad de viviendas o terrenos alternativos adecuados.
Defensores de Sudáfrica y de otros países utilizan este caso como ejemplo básico de la defensa contra los desalojos de propiedades privadas cuando no hay disponible viviendas alternativas. Se establece que es necesario negociar con las personas sin techo que han ocupado una propiedad teniendo en cuenta que son personas con derechos. La sentencia limitó la medida en que los gobiernos pueden argumentar, en base a la prueba de “razonabilidad” del caso Grootboom, que mientras tengan una política de vivienda razonable pueden ignorar las necesidades de grupos específicos que deban enfrentarse a desalojos.
Aunque se sostiene que los gobiernos no tienen la obligación constitucional incondicional de proporcionar viviendas o tierras alternativas en caso de desalojo, la conclusión de que los tribunales deberían ser “reticentes” a permitir desalojos contra ocupantes relativamente asentados si no hay una alternativa razonable constituye un desarrollo significativo en la jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda. La aplicación de este principio a los desalojos de propiedades privadas es de una importancia fundamental, así como lo es el requisito de que el gobierno negocie seriamente con el grupo afectado de ocupantes.
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