Solicitud de desalojo conforme a la Ley 19 de 1998 de Prevención de Desalojos y Ocupaciones Ilegales de Tierras (PIE); si el desalojo es “justo y equitativo” considerando las circunstancias del caso; si se pusieron o si podían ponerse a disposición tierras alternativas; obligaciones negativas y positivas respecto del derecho a la vivienda; relación entre los derechos a la propiedad y el derecho a la vivienda de los sin tierra.
Defensores de Sudáfrica y de otros países utilizan este caso como ejemplo básico de la defensa contra los desalojos de propiedades privadas cuando no hay disponible viviendas alternativas. Se establece que es necesario negociar con las personas sin techo que han ocupado una propiedad teniendo en cuenta que son personas con derechos. La sentencia limitó la medida en que los gobiernos pueden argumentar, en base a la prueba de “razonabilidad” del caso Grootboom, que mientras tengan una política de vivienda razonable pueden ignorar las necesidades de grupos específicos que deban enfrentarse a desalojos.
Aunque se sostiene que los gobiernos no tienen la obligación constitucional incondicional de proporcionar viviendas o tierras alternativas en caso de desalojo, la conclusión de que los tribunales deberían ser “reticentes” a permitir desalojos contra ocupantes relativamente asentados si no hay una alternativa razonable constituye un desarrollo significativo en la jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda. La aplicación de este principio a los desalojos de propiedades privadas es de una importancia fundamental, así como lo es el requisito de que el gobierno negocie seriamente con el grupo afectado de ocupantes.
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