Demanda por violación del derecho a tener acceso a suficiente agua conforme al artículo 27 de la Constitución de Sudáfrica; razonabilidad del plan de la ciudad para realizar en forma progresiva el derecho al agua aplicando el máximo de recursos disponibles; alcance del derecho al acceso a suficiente agua; legalidad de los medidores de agua prepagos.
La decisión de la Corte Constitucional fue recibida con consternación por los defensores de los derechos socioeconómicos, las organizaciones comunitarias y una amplia gama de actores que trabajan por el derecho al agua. También se vio sometida a numerosas críticas de académicos del área de los derechos socioeconómicos tanto en términos de las conclusiones de la Corte sobre el derecho constitucional al acceso a suficiente agua como a su 'recaracterización' de la jurisprudencia previa de la Corte sobre los derechos económicos y sociales (en especial en el caso Treatment Action Campaign No2 ). La organización Anti-Privatisation Forum ya anunció que la lucha por los derechos al agua continúa.
Este fue el primer caso en el que la Corte Constitucional Sudafricana consideró las obligaciones impuestas por el derecho a acceder a suficiente agua consagrado en el artículo 27(2) de la Constitución. El resultado del caso refleja claramente el enfoque cada vez más deferente y conservador adoptado por la Corte en el contexto de los casos de derechos socioeconómicos. También constituye un ejemplo de la imposibilidad de la Corte de refutar las críticas de Jackie Dugard, la abogada actuante en este caso, y otros, respecto de que, en su jurisprudencia, 'la Corte rechaza o ignora opciones y argumentos jurisprudenciales favorables a los pobres que podrían haber promovido directamente una transformación en Sudáfrica y que, sin lugar a dudas, hubieran mejorado las condiciones de vida de los demandantes'.[1]
[1] Jackie Dugard, 'Judging the Judges: Towards an Appropriate Role for the Judiciary in South Africa's Transformation' (2007) Leiden Journal of International Law 965-981 en 973.
Este caso fue iniciado por 5 residentes de Phiri, en Soweto, Sudáfrica. La batalla legal fue apoyada por el grupo de movimientos sociales Coalition Against Water Privatisation (CAWP) y Anti-Privatisation Forum (APF). Los demandantes fueron representados por el Centre for Applied Legal Studies (CALS). Centre on Housing Rights & Evictions realizó una presentación amicus curiae.
Centre for Applied Legal Studies (CALS) University of the Witwatersrand Sudáfrica Web: http://web.wits.ac.za/Academic/Centres/CALS/
Anti-Privatisation Forum (APF) y Coalition Against Water Privatisation (CAWP) http://apf.org.za/
Centre on Housing Rights & Evictions (COHRE) 83 Rue de Montbrillant, 1202 Ginebra, Suiza Web: www.cohre.org