Solicitud para que se declare la inconstitucionalidad de una norma que exige a los inmigrantes el requisito de 20 años de residencia en el país para acceder a una pensión por invalidez; Derecho a la seguridad social y prohibición de discriminación; Restricciones legítimas a los DESC por vía reglamentaria; Reglas que rigen el exámen de la diferencia de trato entre nacionales y extranjeros.
Daniela pudo acceder a la pensión que solicitaba. Sin embargo, como la sentencia de la Corte tiene aplicación sólo para el caso concreto, el Gobierno no cambió el requisito de 20 años de residencia para acceder a las pensiones por invalidez y la continúa negando a los inmigrantes que no tengan 20 años de residencia en el país. La clínica jurídica que litigó el caso está intentando el cambio del reglamento por la vía administrativa a través de acciones de incidencia en el gobierno y recursos administrativos con escaso éxito hasta el momento.
El caso es importante en tanto aborda el contenido y la extensión de los derechos de la seguridad social, los límites a la discrecionalidad del estado a la hora de reglamentar derechos sociales, y el modo de interpretar las diferencias de trato entre extranjeros y nacionales con una discapacidad. Sin embargo el fallo es débil ya que los magistrados votan de manera separada, y hasta se nota una diferencia de criterio respecto al principio de no discriminación entre algunos de ellos. De todas formas, esta decisión ha puesto en la discusión pública un tema muy importante como es el acceso a derechos sociales por parte de los migrantes con una discapacidad.