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Lunes, Mayo 4, 2009
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Naturaleza del caso

Requerimiento de desalojo por parte de la ciudad de Johannesburgo ante el Tribunal de 400 residentes de edificios del centro de la ciudad, aduciendo condiciones de vida inseguras e insalubres; si la ciudad proporcionó razonablemente vivienda alternativa para quienes buscaba desalojar; si la política de vivienda de la ciudad cumplía con el artículo 26 de la Constitución; condiciones del debido proceso, incluyendo el derecho a una participación significativa.

Aplicación de la decisión y resultados

Más de 400  residentes de edificios considerados inseguros e insalubres en la Ciudad de Johannesburgo fueron relocalizados exitosamente.  Hasta el momento, dos aspectos de la sentencia han sido implementados. Las edificios inseguros han sido renovados y se ha provisto de alojamiento alternativo y temporario a los demandantes. Los planes para proveer una solución permanente al problema de vivienda de los demandantes están siendo finalizados.

Relevancia del caso

Esta sentencia representa una victoria histórica para más de 67.000 residentes de bajos ingresos de Johannesburgo que estaban amenazados por desalojos debido a la Estrategia de Regeneración del Centro de la Ciudad. La sentencia de la Corte Constitucional hizo hincapié en la necesidad del Estado de consultar en forma seria y constructiva con los pobres del centro de las ciudades y de responder razonablemente a sus necesidades de viviendas buscando alternativas adecuadas. Además, l@s defensores de derechos humanos de Sudáfrica presentaron esta decisión como un éxito ya que el fomento del diálogo por parte del tribunal y la adopción judicial del acuerdo aceleró la resolución del conflicto y la efectiva implementación de las obligaciones en materia de derechos económicos y sociales en cabeza de la Ciudad. Los activistas han elogiado este método como un modo de obtener la satisfacción de las peticiones en materia de derecho a la vivienda con una intervención mínima de los tribunales y de evitar adentrase en cuestiones políticas sensibles respecto del rol de los tribunales en políticas sociales. Sin embargo, estos acuerdos negociados pueden resultar en que las cortes eviten el tratamiento de cuestiones difíciles que si fueran decididas en el marco de un proceso judicial, podrían proveer jurisprudencia beneficiosa que podría afectar positivamente a personas similarmente situadas.

Grupos involucrados en el caso

Centre for Applied Legal Studies (CALS)

University of Witwatersrand Law Clinic Community Law Centre

University of Western Cape

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)