Cuestionamiento de una sentencia que negó la inscripción del peticionante como persona desplazada internamente; si una acción de tutela es el medio apropiado para hacer cumplir derechos; si las personas desplazadas tienen derecho a la propiedad y la posesión de tierras tomadas por la fuerza; carga de prueba; aplicación nacional del derecho internacional; derecho a un recurso efectivo.
La legislatura colombiana introdujo una nueva ley, la Ley de Víctimas y Plan de Restitución Nacional, que creará un programa de reparaciones para las personas desplazadas en Colombia. Sin embargo, algunos grupos se muestran escépticos respecto de la capacidad de la ley propuesta para proteger completamente a las víctimas. En su forma actual, establece grandes dificultades para los reclamos presentados contra las fuerzas de seguridad colombianas, dado que se deben decidir en procedimientos judiciales, mientras que en los reclamos contra fuerzas paramilitares o grupos guerrilleros la restitución monetaria se recibe mediante una decisión administrativa. (Ver más información en la "Literatura complementaria".) Se someterá a votación más adelante este año.
Debido a que muchas personas de Colombia no poseen el título de las tierras que les pertenecen, la aplicación por parte de la Corte de los Principios de Pinheiro en este caso tuvo una importancia clave para la protección del derecho a la tierra y a la vivienda de muchos colombianos pobres. Esta sentencia dejó en claro que los estándares internacionales debían ser interpretados como obligaciones del gobierno de Colombia y que los funcionarios del Estado debían estar obligados a respetarlos.