Summary
Bajo la Ley de Liderazgo de los EEUU contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ("Leadership Act"), las organizaciones con sede en ese país que reciben fondos públicos para su trabajo de prevención del VIH para salvar vidas en el exterior están obligadas a oponerse a la prostitución. El 23 de julio de 2007, USAID y el Ministerio de Salud y Servicios Humanos de los EEUU (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) dieron a conocer pautas estrictas que, en teoría, les permitían a los receptores de fondos crear organizaciones afiliadas que pudieran funcionar sin cumplir con dicho compromiso; sin embargo, el grado de separación requerido lo volvía prácticamente imposible para la mayoría de las organizaciones. Las organizaciones Pathfinder y Alliance for Open Society International (AOSI), el Open Society Institute, InterAction y Global Health Council iniciaron una demanda contra estas disposiciones.
El 7 de julio de 2011, el Segundo Tribunal de Circuito sostuvo que el compromiso (de oponerse a la prostitución) violaba los derechos de los peticionantes con sede en el país contenidos en la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU. Específicamente, el Tribunal se refirió a la cláusula conocida como "Spending Clause" de la Constitución de los EEUU, la cual faculta al Congreso supeditar la distribución de fondos federales al cumplimiento de las directivas legales y administrativas federales. El Tribunal también señaló que estas facultades parlamentarias están limitadas por la doctrina de las "condiciones inconstitucionales", según la cual el gobierno no puede imponer una condición sobre el receptor de un beneficio o subsidio que viole derechos fundamentales protegidos en la Constitución; en este caso, el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, el Tribunal, tras una evaluación rigurosa de la Primera Enmienda concluyó que obligar a una organización a declararse de manera afirmativa en contra de la prostitución era violatorio de la Constitución; asimismo, indicó que el decreto alternativo que permitía a las organizaciones crear organizaciones afiliadas no era suficiente para remediar la violación