Denuncia en contra el Estado ecuatoriana por haber otorgado una concesión petrolera y después permitido que una empresa argentina hiciera exploración sísmica en el territorio del pueblo Sarayaku sin haber hecho la consulta previa con el pueblo. Violaciones de los derechos a la consulta/acuerdo previa, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural.
Aunque es muy temprano para evaluar la ejecución, el gobierno ecuatoriano ha reconocido públicamente su responsabilidad por las violaciones. El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mero, ha afirmado la intención de Ecuador de cumplir con la sentencia de la Corte, aunque no ha precisado cuando. Sin embargo, queda por ver si Ecuador retire los explosivos del territorio de los Sarayaku. Además, mientras Ecuador afirma que se incluirá la consulta previa en la próxima ronda XI de licitación petrolera, planeada para 2012, el gobierno ha promulgado el Decreto Ejecutivo No. 1247 del 19 de julio del 2012, que regula la consulta previa y que, en las palabras del pueblo Sarayaku y de varias organizaciones indígenas de Ecuador, “pretende suprimir la consulta con un simple trámite de socialización o información, desconociendo así la sentencia de la Corte IDH en el Caso Sarayaku”.
Según el abogado de los Sarayaku, Mario Melo, la sentencia favorable y la intensa atención internacional que recibió es el resultado de una estrategia de los Sarayaku que podría ser utilizado con el mismo éxito por otros pueblos indígenas que enfrentan la imposición de proyectos de “desarrollo” en sus territorios. Los Sarayaku fueron ejemplos de unidad, organización, cohesión social y determinación. Además, desde una perspectiva normativa, la sentencia desarrolla los criterios en cuanto al derecho a la consulta previa e informada que pueden ser usados en otros casos de violaciones a derechos indígenas en Latinoamérica (Entrevista de Dejusticia con Mario Melo, documentos de CEJIL, Amazon Watch, y The Economist).
Fundación Pachamama
CEJIL