Apelación acerca de la terminación del contrato de alquiler y desalojo por parte de un propietario privado por ser contrario a la Ley de Alquiler de Vivienda y el derecho constitucional a la vivienda; si es que un propietario pueda cancelar el contrato de) alquiler, de acuerdo con los términos del contrato, con el fin de elevar el costo del alquiler de los inquilinos; Ley de Alquiler de Viviendas 50 de 1999.
Este caso se refiere a los intentos de desalojo de los inquilinos de ciertos departamentos residenciales en Johannesburgo. Estos inquilinos habían vivido en estos departamentos bajo varios contratos, algunos de aquellos por cerca de veinte años. Estos contratos de alquiler contenían una provision permitiendo a ambas partes terminar el alquiler con cierto aviso previo. Tres años antes del intento de desalojo, el propietario informó a los inquilinos que debían pagar el doble o triple del precio previo o abandonar a sus casas. Cuando los inquilinos se negaron a cumplir, el propietario terminó los contratos. Los inquilinos colocaron un reclamo ante el Tribunal de Vivienda de Alquiler de Gauteng, argumentando que las acciones del propietario constituían una “práctica injusta” bajo la Ley de Alquiler de Vivienda. Antes que el Tribunal llegara a un veredicto sobre este punto, el propietario inició un proceso de desalojo ante la Corte Superior. Este hecho obligó a los inquilinos a retirar su reclamo del Tribunal con el fin de enfocar sus esfuerzos a resistir el desalojo ante la Corte Superior. La Corte Superior falló a favor del propietario, así como la hizo la Corte Suprema de Apelaciones, determinando que las finalizaciones de contratos eran consistentes con un contrato previamente negociaciado.
La Corte Constitucional, sin embargo, halló que ambas cortes de primera instancia habían errado al subestimar el poder de la Ley de Alquiler de Vivienda. La Corte encontró que la Ley prohibe a los propietarios o inquilinos involucrarse en practices injustas, y que, aún cuando los contratos de alquileres permitían la cancelación por cualquier de las partes, la Ley prohibía el uso de esta provision para justificar una práctica injusta. La Corte también dictaminó que el término “práctica injusta” debe ser interpretado a la luz del derecho al acceso a vivienda adecuada contenido en la Constitución. Por lo tanto, la cuestión central era si el ejercicio de la cláusula de terminación por el propietario con el único objetivo de asegurar mayores ingresos de las propiedades alquiladas constituía una práctica injusta. La Corte sostuvo que la Ley colocaba la resolución de esta pregunta específica únicamente en las manos de la Corte y que los inquilinos tienen derecho a una decision sobre este tema antes de que pudieran ser desalojados legalmente de sus hogares. La Corte Constitucional, por lo tanto, encontró que la Corte Superior debió haber pospuesto la consideración de la solicitud de desalojo presentada por el propietario hasta que el tribunal haya resuelto la cuestión de que si las acciones del propietario constituían práctica injusta bajo la Ley.
Actualizado en agosto de 2013
En mayo de 2012, un reclamo fue presentado ante el Tribunal de Alquiler de Vivienda de Gauteng. Una copia de este reclamo y la actividad subsiguiente en el caso pueden ser revisadas en la página web del Social and Economic Rights Institute of South Africa, http://www.seri-sa.org.
Este caso fue pionero en afirmar los derechos de los inquilinos a objetar alquileres excesivos y terminaciones injustas de contratos.
