Sinnott versus el Ministro de Educación [2001] IESC 63; [2001] 2 IR 505 (12 de julio de 2001)
Apelación del Estado a la sentencia de la Corte Suprema irlandesa que sostiene que el Gobierno irlandés tenía una obligación constitucional de brindar educación primaria gratuita a un hombre con graves discapacidades físicas y mentales mientras él fuera capaz de beneficiarse de tal educación.
Poco después de que el demandante, Jamie Sinnott, naciera en 1977, los médicos descubrieron que padecía de un autismo severo. Durante los siguientes 22 años de su vida, su madre intentó proporcionar a su hijo habilidades básicas de habla, idioma y destrezas motoras, así como uso de los inodoros. Por desgracia, descubrió que las pocas instituciones para niños con graves discapacidades físicas y mentales en Cork, Irlanda no podían atender las continuas necesidades de educación de su hijo autista. En 1997, la señora Sinnott presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Irlanda, alegando que el Ministro de Educación violó el derecho constitucional de su hijo a una educación primaria gratuita y su derecho a educar a su hijo según el artículo 42 de la Constitución, entre otras demandas. El juez falló a favor de todas las demandas, sosteniendo que el Estado no cumplió con su obligación constitucional de proveer a Jamie una educación primaria gratuita. Citando la conclusión del caso O'Donoghue versus el Ministro de Salud y otros [1996], el juez ordenó que el Estado proporcione tal educación mientras Jamie sea capaz de beneficiarse de ella. El juez además concluyó que el Estado violó los derechos constitucionales de la señora Sinnott y otorgó compensación por daños generales por la educación pasada y futura de Jamie y por daños especiales para los gastos de la señora Sinnott en la educación de su hijo.
El estado acordó pagar la indemnización por daños y proporcionar educación a Jamie, pero apeló a la Corte Suprema sobre la cuestión de si según el artículo 42 el estado tiene la obligación constitucional de proporcionar educación a Jamie hasta la edad adulta, es decir, más allá de la edad de 18 años. (La Constitución irlandesa no proporciona una definición de ‘niño’ basada en la edad). La mayoría de la Corte Suprema encontró una violación constitucional del derecho de Jamie a la educación antes de que cumpla 18 años. Sin embargo, la Corte estimó también que sólo en los casos más extremos los tribunales harían al Estado cumplir con obligaciones explícitas a este respecto.
Las numerosas deficiencias en la provisión de educación a niños discapacitados en Irlanda todavía no han sido adecuadamente atendidas desde que se dictó esta sentencia. Aunque esta decisión de la Corte desempeñó un papel para impulsar la promulgación de la Ley de Educación para personas con Necesidades Educativas Especiales, 2004, y la Ley de Discapacidad, 2005, las cuales pretenden atender las necesidades educativas de los niños con discapacidades, ambas leyes han sido constantemente criticadas por activistas de los derechos de los discapacitados por su carácter limitado y por la falta de cumplimiento.
El caso fue importante en dos aspectos claves: (i) la Corte Suprema limitó el alcance del derecho a la educación a la edad de 18 años; y (ii) una mayoría de la Corte Suprema efectivamente sostuvo que sólo en los casos más extremos los tribunales harían al Estado cumplir con obligaciones explícitas. Esta decisión claramente disminuye las expectativas de una jurisprudencia progresiva sobre derechos socio-económicos en el marco de la Constitución irlandesa.
