Apelación del Estado a la sentencia de la Corte Suprema irlandesa que sostiene que el Gobierno irlandés tenía una obligación constitucional de brindar educación primaria gratuita a un hombre con graves discapacidades físicas y mentales mientras él fuera capaz de beneficiarse de tal educación.
Las numerosas deficiencias en la provisión de educación a niños discapacitados en Irlanda todavía no han sido adecuadamente atendidas desde que se dictó esta sentencia. Aunque esta decisión de la Corte desempeñó un papel para impulsar la promulgación de la Ley de Educación para personas con Necesidades Educativas Especiales, 2004, y la Ley de Discapacidad, 2005, las cuales pretenden atender las necesidades educativas de los niños con discapacidades, ambas leyes han sido constantemente criticadas por activistas de los derechos de los discapacitados por su carácter limitado y por la falta de cumplimiento.
El caso fue importante en dos aspectos claves: (i) la Corte Suprema limitó el alcance del derecho a la educación a la edad de 18 años; y (ii) una mayoría de la Corte Suprema efectivamente sostuvo que sólo en los casos más extremos los tribunales harían al Estado cumplir con obligaciones explícitas. Esta decisión claramente disminuye las expectativas de una jurisprudencia progresiva sobre derechos socio-económicos en el marco de la Constitución irlandesa.